El Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado que procederá a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en el transcurso de las próximas horas. Esta acción legal tiene como objetivo señalar una red de corrupción que se atribuye a la exconsejera presidenta de la institución, Guadalupe Taddei, en la cual estarían involucrados diversos contratistas y funcionarios cercanos a su gestión.
La noticia fue revelada por Blanca Cruz García, quien actualmente se desempeña como la presidenta provisional del organismo electoral. Según explicó la funcionaria, existe un consenso sólido entre las diez consejerías del Instituto para avanzar en este proceso. Cruz García detalló que los equipos jurídicos de dichas consejerías ya se encuentran trabajando coordinadamente para redactar y presentar la denuncia correspondiente, permitiendo que sea la FGR quien se encargue de deslindar las responsabilidades legales de todas las personas involucradas.
Durante una conversación con medios de comunicación, Blanca Cruz enfatizó que la intención de la denuncia es permitir una investigación exhaustiva que no se limite a una sola persona. Al respecto, señaló que el objetivo es que la autoridad ministerial pueda investigar a diversos funcionarios que hayan sido señalados por posibles irregularidades en su desempeño. La presidenta provisional adelantó que se espera que la denuncia sea presentada, a más tardar, el día de mañana.
En cuanto a los detalles de la denuncia, la consejera presidenta aclaró que el documento no estará dirigido a un funcionario en particular, sino que se planteará en términos de generalidad. Esta estrategia busca abarcar a cualquier colaborador que presente indicios o señalamientos de haber participado en las presuntas irregularidades. No obstante, dejó claro que la investigación deberá incluir necesariamente a Guadalupe Taddei, así como a cualquier otro servidor público que haya estado vinculado a los hechos.
De manera paralela a las acciones penales, el INE ha programado para este jueves una sesión del Consejo General. En dicha reunión se votará un acuerdo que establezca una serie de acciones y medidas diseñadas específicamente para facilitar las labores de investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El objetivo es que la ASF pueda profundizar en el análisis de las irregularidades cometidas presuntamente por Guadalupe Taddei y su círculo cercano.
Asimismo, el Instituto mantiene un proceso riguroso de revisión de todos sus contratos vigentes. Entre los expedientes bajo escrutinio destaca el contrato destinado a la producción de credenciales para votar, cuyo monto supera los mil millones de pesos. Blanca Cruz García advirtió que, si los resultados de las investigaciones actuales derivan en la necesidad de rescindir dicho contrato, se procederá a realizar la rescisión de manera paralela al inicio de un nuevo proceso de licitación para adjudicar el servicio, asegurando así la continuidad de la operatividad.
En un comunicado emitido el pasado 3 de noviembre, el INE informó que las diez consejerías están llevando a cabo una revisión integral de los puestos directivos y las áreas que conforman la Junta General Ejecutiva. Esta auditoría interna incluye específicamente aquellos cargos que tenían un vínculo directo con la oficina de la expresidenta Guadalupe Taddei, así como una revisión detallada de los contratos y las posibles irregularidades que han cobrado relevancia en las últimas semanas.
Como resultado directo de este proceso de depuración y revisión, el organismo electoral ha reportado la renuncia de 30 funcionarios. De este grupo, 17 personas pertenecían a la oficina de Guadalupe Taddei, destacando entre ellas la salida de Carlos Daniel Luna Rosas, quien se desempeñaba como su jefe de oficina.
Dentro de las bajas reportadas también sobresale la del funcionario Alfonso Burciaga Esparza, quien formaba parte de la Dirección de Recursos Materiales, además de la renuncia de dos personas operativas que integraban la oficina de la expresidencia.
A pesar de la magnitud de estos cambios administrativos y las denuncias en curso, el INE aseguró que su prioridad es mantener el funcionamiento regular de todas sus áreas. La institución subrayó que tomará todas las medidas necesarias para garantizar que las actividades electorales y administrativas continúen con normalidad, comprometiéndose a informar a la ciudadanía sobre los avances de la revisión conforme la información pueda ser hecha pública.
