Una de las estrategias más ambiciosas del gobierno de Gustavo Petro para avanzar en la transición energética, orientada a la creación de comunidades energéticas para más de 28.000 hogares en Colombia, se encuentra bajo el escrutinio debido a presuntas irregularidades en los costos de los insumos y significativos retrasos en su ejecución. Según datos obtenidos a través del sistema de contratación del Estado (SECOP II), existen presupuestos para la adquisición de paneles solares que superan los precios del mercado, con variaciones que alcanzan los COP 300.000 por unidad.
El proyecto, cuyo objetivo es "democratizar la energía" mediante la instalación de paneles solares y baterías en 28.544 viviendas para garantizar el servicio las 24 horas, se formalizó a finales de 2025 con la firma de 17 contratos por un valor total de COP 914.000 millones. La ejecución está a cargo de tres empresas de servicios públicos: Gensa, Electrocaquetá y Dispac. Sin embargo, desde el inicio, el cronograma fue cuestionado por diversos actores del sector, quienes advirtieron que los plazos iniciales eran imposibles de cumplir. Tras estas alertas, el Ministerio de Minas y Energía ajustó la fecha de finalización al 31 de julio de 2026, pero el objetivo no se alcanzó. Actualmente, la mayoría de los contratos presentan una ejecución inferior al 50 % y los contratistas han solicitado prórrogas hasta diciembre de 2026, argumentando demoras en importaciones, dificultades logísticas y procesos de consulta previa.
Más allá de los retrasos, la preocupación radica en los precios unitarios de los paneles solares. Al revisar la documentación en el SECOP II, se evidenciaron disparidades notables en el costo de una misma referencia. Por ejemplo, los paneles de 550 W, comunes en estos proyectos, fueron cotizados para las obras de Dispac en Albania y Maicao (La Guajira) entre COP 510.279 y COP 519.104. En contraste, los proyectos ejecutados por Electrocaquetá en Norte de Santander, Magdalena, Santander, Nariño y Cesar presentan cotizaciones para la misma referencia que oscilan entre los COP 505.469 y los COP 782.383. Esta diferencia representa un incremento de hasta COP 276.914 por unidad.
Para dimensionar el impacto económico, si los paneles de los proyectos de Electrocaquetá se hubieran adquirido al precio más bajo cotizado, el costo sería de COP 8.725 millones; no obstante, al precio más alto, la cifra asciende a COP 13.505 millones, generando una diferencia de COP 4.780 millones solo en esa fracción del proyecto. En total, el plan contempla la compra de 60.221 paneles solares.
El análisis comparativo con el mercado revela que los precios presupuestados están por encima de los valores comerciales. Según Ember Energy, entre septiembre y diciembre de 2025, el precio de importación de los paneles solares llegaba a Colombia a USD 0,1 por vatio (aproximadamente COP 400). Sumando impuestos, logística y márgenes de ganancia, el precio de venta final en el país debería situarse entre COP 400.000 y COP 450.000 para un panel de 550 W. Esta cifra coincide con los datos de la entidad IPSE, que registró un precio promedio de COP 424.400 para dicha referencia en el tercer trimestre de 2025, incluyendo un margen del 15 % por inflación y tasa de cambio. En contraste, los precios por vatio en los contratos del Ministerio de Minas oscilan entre COP 919 y COP 1.717.
Asimismo, se detectaron errores en la estructuración de algunos presupuestos. En el caso del proyecto en el Valle de Guamuez, Putumayo, se incluyó el costo del IVA en los paneles solares, a pesar de que este insumo se encuentra exento de dicho impuesto.
Ante estas dudas, el Ministerio de Minas y Energía ha señalado que los proyectos se basaron en condiciones económicas y de mercado vigentes en 2025 y que no han identificado hallazgos de sobrecostos a la fecha. Por su parte, Edwin Palma, exministro, y Víctor Paternina, exviceministro de Energía, argumentan que la referencia correcta debe ser el "costo por usuario", el cual promedia los COP 31,5 millones e incluye suministros, instalación, transporte y acompañamiento social. Paternina sostiene que la diferencia de precio en los paneles representa menos del 3 % del costo total por usuario, por lo cual considera que no existe un sobrecosto real en la solución entregada.
No obstante, fuentes del sector energético subrayan que la normativa de contratación estatal obliga a realizar estudios de mercado detallados ítem por ítem, y no solo basarse en un resultado final por usuario. A pesar de que los recursos se encuentran en un encargo fiduciario y se pagan contra entrega y verificación de la interventoría, la diferencia estimada entre los precios cotizados y los del mercado apunta a un monto de al menos COP 10.000 millones.
