En una convención republicana celebrada en Dallas el pasado 9 de septiembre, el presidente Donald Trump lanzó una propuesta económica directa para incentivar el apoyo a su partido: prometió la entrega de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto en caso de que los republicanos conserven el control del Congreso en las próximas elecciones de medio mandato. Esta oferta fue difundida oficialmente por la Casa Blanca al día siguiente. No obstante, la ejecución de este pago no depende únicamente de la voluntad presidencial, ya que requeriría que el Congreso apruebe por ley los fondos necesarios para llevar a cabo la medida. Aunque la promesa condiciona una ayuda pública a la victoria electoral del partido, no se ha acreditado que este hecho constituya un delito de compra de votos.
La cita electoral del 3 de noviembre es decisiva, ya que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y una parte del Senado. El objetivo de Trump es mantener la mayoría republicana en ambas cámaras para facilitar la validación de sus iniciativas. Por el contrario, si el Partido Demócrata logra conquistar cualquiera de las dos cámaras, obtendría la capacidad de bloquear leyes e iniciar investigaciones contra el Gobierno, aunque no tendría la facultad de revocar por sí solo las políticas que ya están vigentes.
Este escenario de disputa por el control legislativo ha llevado al presidente a intentar modificar diversas disposiciones electorales. En Texas, la mayoría republicana aprobó en 2025 un nuevo mapa para la Cámara baja, siguiendo la petición de Trump de crear distritos más favorables para su partido. Este proceso, conocido como gerrymandering, permite manipular las circunscripciones para dispersar o concentrar a los votantes opositores y así reducir su número de escaños. El Senado no se ve afectado por esta práctica, ya que sus miembros representan al estado en su totalidad.
La legalidad de este rediseño texano ha sido objeto de batallas judiciales. Un tribunal federal de tres magistrados bloqueó el mapa el 18 de noviembre de 2025, argumentando que la raza había sido un factor predominante en su configuración. Sin embargo, el 4 de diciembre, el Tribunal Supremo suspendió provisionalmente dicha resolución, cuestionando el razonamiento del tribunal inferior y permitiendo que el mapa se utilice en las actuales elecciones, aunque sin resolver definitivamente su legalidad.
Asimismo, en abril de 2026, la sentencia Louisiana contra Callais del Alto Tribunal reinterpretó la sección 2 de la Voting Rights Act de 1965, ley destinada a proteger a las minorías contra la dilución de su voto. Bajo esta nueva interpretación, es más complejo demostrar ante los jueces que el dibujo de los distritos perjudica a una comunidad por motivos raciales y no por su tendencia política, lo que reduce las vías para impugnar mapas discriminatorios.
Trump también ha intentado endurecer los requisitos de acceso al voto. En marzo de 2025, emitió una orden ejecutiva que exigía presentar pasaporte u otro documento de ciudadanía para solicitar la inscripción electoral a través del formulario federal. Esta exigencia fue bloqueada por los tribunales. Posteriormente, en enero de 2026, un tribunal federal recordó que el presidente no puede modificar unilateralmente los requisitos de inscripción, ya que las reglas de las elecciones federales competen a los estados y al Congreso.
Otras medidas fueron igualmente rechazadas. En marzo de 2026, una orden presidencial instó al servicio postal a impedir el envío de papeletas a quienes no figuraran en nuevas listas de votantes elaboradas por la agencia. Aunque las normas se publicaron, un juzgado de Massachusetts las bloqueó en septiembre, decisión que fue mantenida por el Tribunal Supremo. Del mismo modo, el Departamento de Justicia solicitó listados estatales de electores con datos personales, demandas que fueron rechazadas según el balance judicial publicado el 20 de octubre.
El control del Congreso impactaría directamente en las comisiones parlamentarias, órganos encargados de supervisar al Gobierno. La mayoría decide qué se investiga, solicita documentos y cita a declarar a altos cargos. Aunque estas investigaciones no son procesos penales, permiten exigir explicaciones públicas y generar constancia documental. Un estudio sobre el periodo 1947-2004 indica que estas pesquisas suelen ser más intensas cuando el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria pertenecen a partidos diferentes. No obstante, el Gobierno puede negarse a entregar información, lo que derivaría en litigios judiciales que podrían retrasar los resultados durante la legislatura.
En el Senado, el control es vital para los nombramientos de miembros del Gabinete, embajadores y jueces federales. Una mayoría demócrata podría frenar las designaciones propuestas por Trump, aunque no anular las ya confirmadas. Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara, ha planteado prioridades sanitarias como la recuperación de ayudas para seguros médicos de la reforma de Obama y la reversión de recortes en Medicaid. Para lograrlo, necesitaría el apoyo del Senado y la firma del presidente, o bien alcanzar dos tercios de los votos en ambas cámaras para superar un posible veto presidencial.
Además, los demócratas enfrentarían el obstáculo del filibusterismo en el Senado, donde se requieren 60 votos para cerrar el debate y proceder a la votación de un proyecto, salvo en casos de nombramientos o reconciliación presupuestaria. Respecto a los fondos, el paquete fiscal firmado el 4 de julio de 2025 ya asignó 29.850 millones de dólares adicionales al ICE hasta septiembre de 2029. La Cámara podría bloquear fondos nuevos, pero no retirar los ya concedidos.
En el plano electoral, destacan contiendas cerradas como la de Texas, donde James Talarico y Ken Paxton se encuentran en un empate técnico según la Universidad de Houston. En Kansas, Adam Hamilton se enfrenta al senador Roger Marshall. Simultáneamente, el Partido Demócrata experimenta un crecimiento de su ala socialista, impulsada por figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. Ejemplos de esto son la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York en 2025, la victoria de Melat Kiros en las primarias de Denver y la candidatura de Abdul El-Sayed al Senado en Míchigan. Este sector interno presenta divisiones en temas como la sanidad y la ayuda militar a Israel.
La composición del Congreso que tomará posesión en enero se definirá el 3 de noviembre. Hasta entonces, el gobierno saliente seguirá decidiendo, incluido el presupuesto, cuya financiación actual llega hasta el 11 de diciembre de 2026.
