Los diputados pertenecientes a la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse y Sergio Bobadilla, han presentado un requerimiento formal ante la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados contra el parlamentario del Frente Amplio, Jaime Bassa. La acción surge a raíz de diversas declaraciones emitidas por Bassa, en las cuales vinculó la reducción de condenas a abusadores sexuales con la existencia de una presunta “red de pedofilia internacional”.
En el escrito presentado, los legisladores de la UDI acusan a Bassa de haber infringido los deberes de ética parlamentaria. El argumento central de la denuncia sostiene que el diputado del Frente Amplio formuló imputaciones de extrema gravedad sin aportar antecedentes verificables que respaldaran sus afirmaciones. Debido a esto, Weisse y Bobadilla solicitaron que la instancia correspondiente evalúe los hechos y aplique las medidas disciplinarias y multas que el reglamento estipule para tales casos.
La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, fue enfática al cuestionar la postura del diputado Bassa, subrayando que la labor de fiscalización política, aunque legítima, debe ejercerse bajo principios de responsabilidad. Según Weisse, no todo es permisible en el ejercicio de la función legislativa, y sostuvo que un diputado tiene la obligación ineludible de respaldar sus declaraciones, especialmente cuando se trata de acusaciones de tal magnitud.
Weisse añadió que no se puede normalizar la instalación de sospechas sobre supuestas redes criminales cuando no existen antecedentes verificables que las sustenten. Por esta razón, subrayó que el recurso a la Comisión de Ética es necesario, ya que considera que la responsabilidad y la prudencia son deberes inherentes a la labor parlamentaria.
El origen de esta controversia se remonta al pasado martes 27 de octubre. En aquella ocasión, Jaime Bassa cuestionó a través de los medios de comunicación los decretos de rebaja de condenas que fueron firmados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cartera liderada por el ministro Fernando Rabat. Durante su intervención en la Cámara de Diputados, Bassa afirmó que estas decisiones no eran un error, sino que constituían una manifestación de una supuesta red internacional de pedofilia, involucrando en sus acusaciones a figuras políticas y personas vinculadas a delitos sexuales.
En el documento interpuesto por Weisse y Bobadilla, se sostiene que estas afirmaciones exceden los límites del cuestionamiento político. Los firmantes argumentan que no se encuentran ante una simple opinión política, una discrepancia ideológica o una interpretación de hechos, sino ante una imputación pública de un delito de extrema gravedad. De acuerdo con los parlamentarios de la UDI, una afirmación de este tipo requiere seriedad, responsabilidad y antecedentes sólidos que permitan sostenerla.
Otro punto crítico resaltado en el requerimiento es que el diputado Bassa no se ha retractado de sus palabras. El documento recoge la respuesta del parlamentario frente a las acciones anunciadas en su contra, donde Bassa manifestó: “Mantengo mis dichos y espero la notificación”.
Esta situación también ha tenido repercusiones en el Poder Ejecutivo. El ministro Fernando Rabat anunció que presentará una querella criminal contra el parlamentario, alegando que las declaraciones de Bassa han afectado directamente su honor y su honra personal.
Desde el punto de vista normativo, el requerimiento invoca los artículos 342, 344 y 346 del Reglamento de la Cámara de Diputados, además de diversas disposiciones del Código de Conductas Parlamentarias. Estas normativas hacen referencia a principios fundamentales como la honradez, la buena fe, la integridad profesional y el respeto hacia las autoridades. Los diputados de la UDI plantearon que la Comisión de Ética debe determinar si las actuaciones de Bassa se ajustaron a estos deberes, aclarando que no se pronuncian sobre la responsabilidad penal, ya que dicha materia es competencia exclusiva de los tribunales de justicia.
Asimismo, los solicitantes sostienen que no existen circunstancias que permitan atenuar una posible sanción, dado que el parlamentario ha mantenido sus declaraciones firmemente. Por ello, reiteran la solicitud de que se evalúen los antecedentes para determinar las sanciones disciplinarias y multas accesorias correspondientes.
Cabe destacar que esta acción de la UDI se suma a una iniciativa similar de los diputados del Partido Republicano. Benjamín Moreno, Alejandro Riquelme y Diego Vergara habían adelantado el miércoles 28 de octubre que también acudirían a la Comisión de Ética. Benjamín Moreno, jefe de la bancada republicana, cuestionó la gravedad de las acusaciones y señaló que, si el diputado Bassa posee antecedentes, tiene la obligación legal de presentar las denuncias correspondientes ante la justicia.
Por su parte, Alejandro Riquelme calificó las declaraciones como “graves” y respaldó la decisión del ministro Fernando Rabat de evaluar una acción penal, la cual fue anunciada el 29 de octubre. En la misma línea, Diego Vergara cuestionó que se formulen acusaciones de tal magnitud sin que exista una denuncia formal previa que las sustente.
