El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo, ha formalizado una denuncia penal contra Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez. La acción legal, que ha sido ingresada ante la fiscalía de turno del distrito de Lurín, se fundamenta en los presuntos delitos de acoso y coacción, derivado de expresiones con connotación sexual dirigidas hacia el presidente del JNE, Roberto Burneo.
Para sustentar el cargo de acoso, el procurador Angulo se basó en el artículo 151-A del Código Penal, añadiendo además el delito de coacción. Según la explicación detallada por el representante legal del organismo electoral, los hechos ocurrieron el pasado 24 de octubre, fecha en la que Carlos Álvarez emitió expresiones de naturaleza sexual y agravantes contra Burneo durante una presentación pública realizada en el distrito de Lurín.
Angulo ha calificado estas declaraciones como degradantes, señalando que se ha sobrepasado el límite legítimo de cuestionar o manifestar desacuerdo con una decisión jurisdiccional. En su argumentación, el procurador sostuvo que tales expresiones no solo son ofensivas, sino que intentarían condicionar el pronunciamiento del magistrado en relación con el ejercicio de sus funciones y la independencia necesaria que debe regir en toda institución electoral. Asimismo, enfatizó que el delito denunciado busca proteger bienes jurídicos fundamentales, tales como el derecho a la integridad, la libertad y la tranquilidad pública.
En relación con la libertad de expresión, el procurador Angulo recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido una distinción clara entre la crítica hacia un funcionario público, la cual es válida y legítima, y el acto de insultar o humillar a la persona. Según el procurador, esta segunda conducta no goza de protección legal y puede vulnerar los derechos fundamentales del individuo. Debido a que estas expresiones se formularon de manera reiterada y son de conocimiento público, la Procuraduría determinó que era necesario acudir al Ministerio Público.
Durante el evento en Lurín, Carlos Álvarez, excandidato presidencial de País para Todos, retomó declaraciones previas de Rafael López Aliaga, quien se refirió a introducir un "morrocoy" a Roberto Burneo. Ante estos hechos, el JNE emitió un comunicado oficial el 28 de octubre en el cual condenó tajantemente las expresiones. En dicho documento, el organismo sostuvo que, si bien las discrepancias políticas son legítimas, la reiteración de este tipo de ataques contribuye a normalizar el insulto como una forma de confrontación política. El JNE subrayó que defender estos principios no implica limitar la crítica, pero que ninguna diferencia política justifica la humillación ni el agravio.
Un punto crítico resaltado por el JNE fue que, al momento de emitir estas declaraciones, Carlos Álvarez se encontraba rodeado de menores de edad. Por esta razón, el organismo electoral puso los hechos en conocimiento del Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, anunciando que su Procuraduría emprendería las acciones legales correspondientes.
Este conflicto tiene antecedentes que se remontan a la primera vuelta de las Elecciones Generales. En aquel momento, López Aliaga se presentó ante la sede del JNE para denunciar un supuesto fraude, aunque no presentó pruebas que sustentaran su postura. En esa ocasión, aseguró que Burneo y otras autoridades electorales conspiraban en su contra e incluso otorgó al presidente del JNE un plazo hasta las ocho de la noche del día siguiente para declarar la nulidad de los comicios. Fue en ese contexto donde López Aliaga pronunció la frase: "Un Morrocoy enorme para que te comportes como hombre". El político sostuvo que cerca de un millón de peruanos no pudieron votar debido a demoras en la instalación de mesas y la ubicación de locales, aunque el Pleno del JNE declaró inviable la convocatoria a elecciones complementarias.
Paralelamente, el 7 de agosto, una fiscalía de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Cercado-Breña-Rímac-Jesús María inició diligencias preliminares contra López Aliaga por presuntos delitos contra la voluntad popular y otros, relacionados con sus cuestionamientos al proceso electoral y expresiones contra autoridades electorales, siendo el JNE el agraviado. Esta disposición fiscal también contempla presuntos delitos contra los poderes del Estado, el orden constitucional y la tranquilidad pública. Entre los episodios analizados se encuentra uno ocurrido el 1 de abril, posterior a un debate presidencial, en el cual López Aliaga habría utilizado expresiones intimidatorias contra Piero Corvetto, quien se desempeñaba entonces como jefe de la ONPE.
Asimismo, se registra que en el mes de mayo, frente a la sede del JNE en Jesús María, López Aliaga amenazó con realizar una "marcha de los cuatro suyos" en caso de que se proclamara la segunda vuelta, comparando dicha acción con las protestas del año 2000 contra la dictadura de Alberto Fujimori. Por su parte, López Aliaga también anunció que interpondría una denuncia penal contra Roberto Burneo por presunta omisión de funciones, alegando que el presidente del JNE debió suspender las elecciones la noche previa al 12 de abril debido a deficiencias en la distribución del material electoral.
