José Chlimper ha regresado al epicentro de la toma de decisiones políticas en el Perú. A pesar de sus declaraciones públicas recientes, donde ha intentado distanciarse de cualquier ambición de poder, el exministro ha formalizado su cercanía con el nuevo Gobierno fujimorista al asumir un cargo ad honorem en la recién creada Comisión Consultiva de la Presidencia de la República.
Desde el pasado 15 de septiembre, Chlimper se integró a este órgano de asesoría política, cuya conformación fue suscrita directamente por Keiko Fujimori. En este equipo de consultores, Chlimper no se encuentra solo; comparte espacio con otras figuras ya conocidas y arraigadas en el fujimorismo, como son Jaime Yoshiyama y Arsenio Oré. Esta designación ocurre en un contexto donde el exministro ha insistido, a través de una publicación en la red social X (antes Twitter), que no posee ningún "afán político ulterior" y que no aceptará cargos públicos en el futuro debido a motivos relacionados con su salud y su edad.
Sin embargo, la realidad de su influencia parece contradecir sus palabras. Según fuentes consultadas por el semanario Hildebrandt en sus trece, aunque Chlimper podría no ser el candidato directo para ocupar un puesto visible como el de premier, mantiene un nivel de confianza tan elevado con Keiko Fujimori que se le señala como la persona encargada de buscar al futuro reemplazante de Luis Galarreta. Esta posición lo consolida como uno de los hombres fuertes dentro de la estructura del Gobierno de Fuerza Popular.
El peso político de Chlimper no es un fenómeno reciente, sino que se remonta a los últimos años del régimen de Alberto Fujimori, periodo en el cual ocupó la cartera de Agricultura. Fue precisamente en el año 2000, pocos días antes de la caída del gobierno de Fujimori, cuando impulsó la promulgación de la Ley 27360, diseñada para la promoción del sector agrario. Esta normativa, que quedó conocida popularmente como la 'Ley Chlimper', tenía como objetivo potenciar a las empresas agroexportadoras mediante la reducción de sus obligaciones tributarias. Aunque se planteó como una medida temporal, la ley permaneció vigente durante dos décadas, hasta el año 2020.
La 'Ley Chlimper' fue blanco de duras críticas debido al costo laboral que implicaba y a la alta concentración de sus beneficios. En su última modificación, el régimen establecía un pago diario de S/39,19 para cerca de 400,000 trabajadores, monto que ya incluía la CTS y las gratificaciones. Asimismo, datos del Ministerio de Economía y Finanzas revelaron que, de las 2,762 empresas acogidas al régimen en 2018, solo 122 grandes compañías concentraron el 73.2% de los beneficios tributarios. Debido a intensas protestas sociales, el Congreso finalmente derogó la norma en diciembre de 2020.
Más allá de su labor legislativa, Chlimper ha desempeñado un rol fundamental como financista de las campañas de Fuerza Popular. De acuerdo con el portal de Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el actual proceso electoral, Chlimper donó la suma de S/174,925 al partido. A esto se suman ocho donaciones realizadas entre 2017 y 2018, donde aportó S/284,802.50 a la organización naranja y una donación adicional al entonces candidato municipal Diethell Columbus. En total, los aportes históricos del exministro a Fuerza Popular ascienden a S/459,727.50.
Su trayectoria dentro del partido también incluye cargos operativos y aspiraciones electorales. Chlimper fue secretario general de Fuerza Popular y formó parte de la plancha presidencial de 2016, donde fue candidato a la segunda vicepresidencia.
No obstante, su camino político ha estado marcado por investigaciones judiciales, destacando el caso Cócteles, vinculado a un presunto esquema de financiamiento irregular de las campañas fujimoristas. La Fiscalía lo relacionó con el manejo de fondos y la estructura partidaria, sugiriendo que habría participado en operaciones de presunto lavado de activos. Específicamente, se le atribuye la entrega de US$210,000 en efectivo a Hugo Francisco Delgado Nachtigall, apoderado del Grupo RPP, y US$266,000 a Manuel Abraham Zavala Chocano, vinculados a la campaña de 2011 bajo el concepto de servicios publicitarios.
Recientemente, en noviembre de 2024, el Tribunal Constitucional anuló parcialmente la acusación fiscal contra Chlimper, determinando que se vulneró su derecho a la defensa por incongruencias entre la investigación preparatoria y la acusación final. El organismo ordenó al Ministerio Público formular una nueva acusación, aclarando que esta resolución no constituye una declaración de inocencia ni el archivo definitivo del caso.
A pesar de estas controversias, Chlimper continúa negando cualquier rol activo en la gestión pública. En declaraciones a Canal N, afirmó que el uso de su nombre busca debilitarlo y negó rotundamente estar en algún "bolo" o puesto político. A sus 71 años, el exministro parece haber optado por una estrategia de influencia indirecta: mantenerse lejos de los cargos electos, pero permanecer en el núcleo de las decisiones del Gobierno.
