El Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta crecientes cuestionamientos debido a que aún no ha concretado la publicación de los primeros decretos legislativos que anunció tras recibir las facultades legislativas por parte del Congreso. A pesar de que el Ejecutivo defendió la necesidad imperativa de contar con estas atribuciones para resolver problemas urgentes que afectan al país, sus propios ministros han modificado los plazos de entrega, estimando que las primeras normas tardarían varias semanas en salir a la luz.
Esta demora contrasta significativamente con el discurso sostenido por la mandataria durante el debate parlamentario en la Cámara de Diputados. El pasado 14 de septiembre, Fujimori aseguró que su administración aprobaría decretos de urgencia para atender las necesidades más apremiantes de la ciudadanía, solicitando a los diputados actuar con objetividad. En aquel momento, la presidenta manifestó que el objetivo primordial de estas facultades era recuperar el orden en el territorio nacional.
El Parlamento finalmente otorgó la delegación de facultades el 21 de octubre, tras un debate que redujo considerablemente el pedido original del Ejecutivo. La ley promulgada al día siguiente autorizó al Gobierno a legislar durante un periodo de 90 días calendario en 27 materias específicas, centradas principalmente en la seguridad ciudadana y en la prevención, atención y respuesta frente al fenómeno El Niño.
Sin embargo, la operatividad de estas medidas ha sido lenta. Un día después de la aprobación, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reconoció que el Gobierno necesitaría aproximadamente diez días para emitir los primeros decretos. En su declaración, el premier cuestionó que el Congreso no hubiera aprobado la totalidad de las atribuciones solicitadas y afirmó que el Ejecutivo buscaría otros mecanismos para implementar las propuestas que quedaron fuera de la delegación. Galarreta señaló que usarían las facultades otorgadas de manera efectiva y contundente, pero atribuyó la demora a una burocracia que el Gobierno buscaba simplificar y que, según él, no les permitieron reducir.
Asimismo, el premier anunció la presentación de proyectos de ley prioritarios y el uso de decretos de urgencia para impulsar medidas sobre el acceso al primer empleo, la formalización laboral y la agilización de obras de saneamiento, agua potable y desagüe. No obstante, los plazos prometidos siguieron variando. El 25 de octubre, Galarreta extendió el plazo a un máximo de 20 días, mientras que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, calculó posteriormente que las normas empezarían a publicarse en un lapso de dos a tres semanas.
Estas explicaciones no han sido satisfactorias para diversos sectores de la Cámara de Diputados. Frank Krklec, representante de Renovación Popular, cuestionó la ausencia de proyectos de ley sobre reactivación económica y formalización laboral, argumentando que tales iniciativas podían ingresar al Parlamento sin necesidad de esperar a los decretos legislativos. Krklec subrayó que, si los temas fueran realmente urgentes, los decretos ya deberían estar listos, y recordó que el plazo de 90 días no justifica postergar medidas prioritarias.
Desde Juntos por el Perú, Ernesto Zunini criticó el trámite del pedido de facultades, sugiriendo que el Gobierno utilizó el debate para presionar a los diputados. Zunini calificó de lamentable la falta de iniciativas concretas y criticó la gestión frente a la inseguridad ciudadana, citando la persistencia de casos de extorsión y sicariato. En la misma línea, Catherine Palomino cuestionó la insuficiencia de los recursos destinados a las emergencias en el crédito suplementario y afirmó que la demora de las normas carece de justificación técnica, dependiendo únicamente de la voluntad política.
Por su parte, Luis Quispe Candia, presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, informó que su grupo de trabajo no ha recibido propuestas legislativas del Ejecutivo en su área de competencia, ni se observan avances en las comisiones de seguridad ciudadana. César Holguín, de Ahora Nación, añadió que los decretos debieron trabajarse desde la aprobación en la Cámara de Diputados si la urgencia era real, cuestionando además el gasto en la compra de cazas y el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
En defensa del Ejecutivo, los representantes de Fuerza Popular ofrecieron una visión distinta. Jhonn Valqui justificó el tiempo empleado basándose en los procedimientos administrativos, señalando que el tesoro público no puede gastarse de la noche a la mañana. Arturo Alegría explicó que los decretos deben pasar obligatoriamente por una sesión del Consejo de Ministros para su aprobación, solicitando paciencia a los críticos.
El viaje de Keiko Fujimori a El Salvador también generó debate. Mientras Norma Yarrow de Renovación Popular sostuvo que la ausencia de la presidenta no debía paralizar la gestión, ya que el premier o el segundo vicepresidente podían asumir las responsabilidades, Andrea Medina de Obras defendió la visita. Medina argumentó que el Gobierno aún está dentro del plazo operativo debido a que el Senado culminó la aprobación de las facultades recientemente, y sugirió que el viaje permitiría conocer experiencias de seguridad aplicadas en El Salvador.
Finalmente, el politólogo Andy Zevallos analizó la situación señalando que el Gobierno generó expectativas que no ha cumplido. Zevallos destacó una contradicción entre lo que el Ejecutivo define como crítico y las materias que finalmente envió al Congreso. Para el especialista, no existe una justificación técnica o legal para el retraso, sino un problema político derivado de la falta de ideas y un enfoque centrado más en la exposición pública y la imagen que en la formulación de políticas reales para atender los problemas del país.
