Un grupo multipartidista de senadores ha presentado formalmente un proyecto de ley que tiene como objetivo principal la derogación de la normativa vigente que permite a los condenados reducir sus penas de cárcel basándose en su buena conducta. Esta iniciativa legislativa surge en un contexto de fuerte controversia pública y debate social, impulsada especialmente por la preocupación en torno a los beneficios penitenciarios que han sido otorgados a personas condenadas por la comisión de delitos sexuales contra menores de edad.
El proyecto cuenta con el respaldo y la autoría de los senadores Arturo Squella, representante del Partido Republicano; Andrés Longton, del partido Renovación Nacional; Karim Bianchi, quien actúa como independiente, y Pedro Araya, perteneciente al Partido por la Democracia (PPD). Esta diversidad de firmas refleja un consenso transversal sobre la necesidad de revisar los mecanismos de salida anticipada de los centros penitenciarios.
Específicamente, la propuesta busca derogar la Ley N° 19.856. Esta legislación es la que actualmente faculta la reducción de las penas de cárcel para aquellos internos que demuestren un comportamiento adecuado durante su reclusión. Un punto fundamental del proyecto es la aclaración de que la supresión de este beneficio no implica una modificación de las penas originalmente impuestas por los tribunales de justicia. Por el contrario, el objetivo es garantizar que las sentencias dictadas sean cumplidas de manera íntegra, eliminando la posibilidad de acortar el tiempo de permanencia en prisión mediante este mecanismo administrativo de conducta.
La génesis de esta iniciativa revela una evolución en el pensamiento de los parlamentarios. En una etapa inicial, los autores habían impulsado una propuesta más acotada que buscaba precisar la exclusión de los condenados por delitos sexuales contra menores, una medida que ya había sido establecida en el año 2022. No obstante, tras un proceso de análisis exhaustivo sobre el funcionamiento real de la normativa y luego de mantener conversaciones con diversos sectores de la sociedad y expertos, los legisladores decidieron que la medida más coherente y efectiva era avanzar hacia la derogación total de la ley.
Uno de los argumentos centrales expuestos por los autores del proyecto se basa en la superposición de funciones entre la reducción de condena y la libertad condicional. Según señalan los parlamentarios, si bien la reinserción social de los condenados es un objetivo importante del sistema penitenciario, la reducción de penas por buena conducta cumple una función similar a la libertad condicional, pero con diferencias críticas en términos de seguridad y control.
Los legisladores sostienen que la libertad condicional es un mecanismo superior y más seguro, ya que contempla resguardos mucho más estrictos. Entre estos resguardos destaca la evaluación del riesgo de reincidencia del interno, la supervisión constante del beneficiado una vez que sale en libertad y la facultad de revocar la medida en caso de que se incumplan las condiciones impuestas.
En contraste, el proyecto critica que la reducción de condena se fundamenta exclusivamente en la conducta del interno dentro del penal. Esta modalidad, según los senadores, extingue anticipadamente una parte de la pena impuesta, lo que permite que la persona sea liberada sin que exista ningún tipo de supervisión posterior. Esta falta de control es el punto donde los legisladores ven la mayor debilidad del sistema actual, argumentando que la liberación sin seguimiento pone en riesgo la seguridad pública.
En este sentido, los parlamentarios subrayaron que para fortalecer la reinserción social es imperativo implementar mecanismos que sean coherentes. Esto implica que el retorno a la sociedad debe estar acompañado de evaluaciones individuales detalladas y controles estrictos que aseguren que el proceso se realice de forma segura.
Finalmente, el proyecto de ley es enfático en señalar que no busca eliminar todos los incentivos para los internos. La iniciativa mantiene vigente la libertad condicional, así como los diversos beneficios intrapenitenciarios que existen actualmente. El foco se centra exclusivamente en eliminar la reducción de la pena total basada en la conducta, asegurando que el tiempo determinado por la justicia sea respetado en su totalidad.
