Una madre ha iniciado un proceso judicial contra la policía de la prefectura de Hyogo, en Japón, alegando que el arresto y la detención ilegal de su hija de 16 años, Runa, provocaron la muerte de la adolescente meses después de haber sido liberada. La demanda, que busca una indemnización de 109 millones de yenes (aproximadamente 700.000 dólares estadounidenses), ha puesto bajo la lupa el trato que el sistema judicial japonés dispensa a los menores de edad sospechosos de cometer delitos.
El caso se remonta al año pasado, cuando Runa fue detenida el 17 de junio bajo sospecha de agresión en la residencia para personas con necesidades especiales que dirige su familia. Según el relato de Yoko, la madre de la joven, Runa no cometió ninguna agresión, sino que intentó evitar que un residente alterado mordiera a otras personas, sujetándole la barbilla con la mano. A pesar de que la adolescente negó las acusaciones y nunca llegó a ser formalmente acusada de ningún delito, pasó 18 días encarcelada en una celda policial.
Durante su tiempo en detención, Runa escribió desesperadas notas en una libreta donde expresaba su anhelo de volver a casa y ver a su madre. En sus escritos, describía cómo extrañaba los abrazos, la comida de su madre y los rituales cotidianos como leer, cantar o ir de compras. "Por favor, se lo ruego. Quiero ver a mi madre", garabateó la joven, quien también manifestó encontrarse en estado de shock y ser incapaz de comer debido a la situación.
El aislamiento fue total. Debido a una orden solicitada por la fiscalía y concedida por un tribunal, Yoko tuvo prohibido visitar a su hija durante los 18 días de detención, bajo el argumento de que, como propietaria del centro, podría manipular las pruebas. A través del abogado de la joven, Yoshihiro Mukai, la madre supo que Runa no se alimentaba correctamente, pero las autoridades rechazaron sus solicitudes para acceder a los registros de alimentación de la adolescente.
La situación alcanzó un punto crítico la noche anterior a su liberación, cuando Runa se desmayó y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital. Al recuperar su libertad, Yoko describe a su hija como "un esqueleto" que gritaba y lloraba, con una debilidad tal que apenas podía caminar unos pocos metros por sus propios medios.
Tras su liberación a principios de julio, a Runa le fue diagnosticado un trastorno de estrés postraumático (TEPT). La desconfianza hacia los adultos, médicos y enfermeras complicó los esfuerzos por salvarla, ya que se negaba a ser trasladada al hospital y rechazaba diversos alimentos. Cinco meses después de salir de la celda, Runa murió debido a la desnutrición derivada de un trastorno alimentario, pesando aproximadamente 20 kilogramos, que es el peso promedio de una niña de 6 años.
Este trágico desenlace ha reabierto el debate sobre la llamada “justicia de rehenes” en Japón, una práctica donde los sospechosos son detenidos sin cargos durante periodos prolongados. Aunque la Ley de Menores de Japón establece que los menores solo deben ser encarcelados cuando sea “inevitable”, la abogada Megumi Wada señala que este término no está definido claramente, quedando sujeto a la interpretación de las autoridades.
Las estadísticas gubernamentales refuerzan esta preocupación: en 2024, más de 6.000 menores de 20 años fueron detenidos, y de ellos, 4.000 permanecieron bajo custodia durante más de 15 días. Asimismo, el 65% de los adultos detenidos ese mismo año pasaron más de 15 días presos.
Expertos legales, como el profesor Tomonobu Ishida de la Universidad Meiji de Tokio, han cuestionado la proporcionalidad de la detención de Runa dada la naturaleza leve de la conducta alegada y su minoría de edad. Por su parte, la psiquiatra Mai Uchida, de la Facultad de Medicina de Harvard, explicó que el TEPT puede causar dificultades funcionales en el sistema gastrointestinal y alterar el apetito, lo que estaría directamente relacionado con la muerte de la joven.
Mientras que el Ministerio de Justicia de Japón rechaza las acusaciones de "justicia de rehenes", la policía de la prefectura de Hyogo se ha negado a dar detalles del caso, indicando que su postura quedará clara ante el tribunal. Yoko, la madre de Runa, espera que este proceso judicial obligue a fiscales y policías a reflexionar sobre su deber de proteger a los ciudadanos y sirva como legado para reformar el sistema de justicia japonés.
