La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó este miércoles que el presidente Donald Trump no podrá suspender la terapia hormonal y otros tratamientos destinados a personas transgénero dentro de las prisiones federales. Esta resolución representa una victoria poco común para los derechos de la población transgénero ante un tribunal que mantiene una clara tendencia conservadora.
La decisión del alto tribunal fue comunicada a través de una orden extremadamente breve, consistente en una sola frase, en la cual no se proporcionó ninguna explicación detallada sobre los motivos que llevaron a los jueces a tomar esta determinación.
Este fallo se produce en un contexto donde la administración de Donald Trump ha implementado diversas medidas restrictivas desde su regreso al poder el año pasado. Hasta la fecha, la Corte Suprema ha permitido que el gobierno prohíba que las personas transgénero sirvan en las fuerzas armadas y ha respaldado una política que exige que la designación de sexo en los pasaportes de Estados Unidos coincida estrictamente con el sexo asignado al nacer. Asimismo, durante el presente año, el tribunal ratificó leyes estatales que impiden la participación de atletas transgénero en equipos deportivos femeninos.
El recurso de emergencia resuelto este miércoles se vincula directamente con temas planteados por Trump durante su campaña electoral de 2024. En aquel periodo, el mandatario utilizó una serie de anuncios televisivos para criticar la postura de la candidata demócrata, Kamala Harris, respecto a las personas transgénero. Una vez recuperada la Casa Blanca, Trump procedió a firmar, en su primer día de mandato, un decreto ejecutivo que prohibía cualquier fármaco, tratamiento o procedimiento médico cuyo objetivo fuera ajustar la apariencia de un recluso a la del sexo opuesto.
A raíz de este decreto, la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) puso en marcha una política operativa. Bajo estas directrices, se permitía que los reclusos diagnosticados con disforia de género accedieran a servicios de psiquiatría y psicoterapia; sin embargo, se excluían explícitamente las cirugías, las terapias hormonales y los denominados ajustes sociales, categoría que abarca elementos como el uso de maquillaje y la vestimenta.
La aplicación de esta política fue inicialmente bloqueada a corto plazo por un tribunal de distrito y posteriormente por un tribunal federal de apelaciones en la ciudad de Washington. En una orden emitida el mes pasado, el Tribunal de Apelaciones del Circuito concluyó que la medida de la administración era probablemente arbitraria y caprichosa. El tribunal fundamentó su postura señalando que la Oficina Federal de Prisiones no había analizado de manera adecuada su propia experiencia previa en la prestación de atención de afirmación de género bajo las políticas que estaban vigentes anteriormente.
En respuesta, el Gobierno de Trump presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema, sosteniendo que sí se había considerado dicha experiencia. La administración argumentó que los ajustes y tratamientos proporcionados anteriormente generaban preocupaciones en materia de administración penitenciaria y seguridad, las cuales, según el Gobierno, superaban cualquier beneficio limitado que dichos tratamientos pudieran aportar a los reclusos.
Por otro lado, la medida fue impugnada por tres reclusos que afirmaron haber recibido terapia hormonal durante años. Los demandantes sostuvieron que la prohibición representaba un cambio abrupto frente a décadas de políticas establecidas y advirtieron que la interrupción del tratamiento afectaría a cerca de 1,000 personas bajo custodia federal. En este sentido, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) señaló ante la Corte Suprema que las alegaciones sobre preocupaciones de seguridad resultan extrañas, dado que la BOP no ha registrado ni un solo incidente de seguridad relacionado con la prestación de estos tratamientos en los últimos 30 años.
Finalmente, la resolución del miércoles no fue unánime. Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito expresaron su disconformidad con la decisión, aunque no explicaron las razones de su voto. Esta ausencia de argumentos ha sido considerada llamativa por diversos observadores, especialmente porque el caso ya contaba con todos los escritos presentados y estaba listo para resolverse desde hacía casi dos semanas.
