La seguridad de los opositores nicaragüenses asentados en Costa Rica se encuentra en una situación crítica, evidenciando que la represión ejercida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha trascendido las fronteras nacionales. Lo que comenzó como una arremetida brutal dentro de Nicaragua se ha transformado en una estrategia de represión transnacional, diseñada para atemorizar, vigilar, perseguir y agredir a quienes son percibidos como enemigos del régimen, independientemente de su ubicación geográfica.
Esta deriva dictatorial, que se intensificó tras las protestas masivas de 2018, ha diversificado sus metodologías para alcanzar un nivel de perversidad que no respeta jurisdicciones internacionales. En Costa Rica, los casos de agresiones son graves y abundantes, incluyendo atentados armados que ponen de manifiesto la vulnerabilidad de los exiliados políticos y la necesidad urgente de que el Estado costarricense revise y fortalezca sus mecanismos de protección.
Uno de los casos más emblemáticos que se encuentra actualmente en el sistema judicial es el atentado contra el dirigente opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Montero. El pasado jueves 18 de setiembre, el Segundo Circuito Judicial de San José inició el juicio por este hecho, comenzando con la lectura de la acusación de la Fiscalía. El ataque ocurrió la mañana del 10 de enero de 2024 en la avenida de San Pedro de Montes de Oca, donde ambos fueron blanco de disparos efectuados por dos sicarios que se desplazaban en motocicleta. Hasta el momento, el único imputado es un ciudadano costarricense de apellido Jacobo, señalado como uno de los autores materiales, mientras que la autoría intelectual permanece sin responsables identificados.
La violencia ha alcanzado niveles letales, como se observó en el caso de Roberto Samcam, mayor retirado del ejército sandinista. Samcam fue acribillado con ocho disparos en su apartamento de Moravia, donde residía con su esposa, Claudia Vargas, el 19 de junio de 2025. Aunque el fiscal general, Carlo Díaz, señaló en setiembre de aquel año que una de las hipótesis principales apuntaba a una orden proveniente de Nicaragua y prometió llegar hasta las últimas consecuencias, el camino judicial ha sido complejo. A pesar de que existe una causa abierta contra cinco presuntos autores materiales, el Ministerio Público decidió a inicios de este mes archivar la investigación sobre la autoría intelectual debido a la falta de pruebas suficientes.
La racha de ataques continuó en setiembre con el caso de Reinaldo Picado Miranda, exmilitar de la resistencia nicaragüense. El 14 de setiembre, Picado Miranda fue atacado a balazos mientras realizaba labores de reparación en el portón de una casa en San José, sufriendo múltiples heridas. Este incidente no fue el primero, ya que en junio del mismo año había logrado sobrevivir a otro atentado.
Asimismo, la persecución ha llegado hasta el ámbito domiciliario. El 21 de setiembre, el periodista y expreso político Hanssel Vásquez Ruiz, quien huyó de Nicaragua para escapar de la represión, sufrió un intento de irrupción violenta en su vivienda por parte de varios sujetos armados y encapuchados con pasamontañas. Aunque el intento fracasó, el hecho subrayó el riesgo inminente que corren los exiliados.
Ante esta situación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino el 24 de setiembre, otorgando medidas cautelares a Vásquez y otros nueve exiliados nicaragüenses en Costa Rica. La CIDH determinó que los derechos a la vida y a la integridad personal de estas personas están en grave riesgo. Si bien el organismo reconoció que Costa Rica posee mecanismos institucionales de protección, instó a las autoridades a realizar evaluaciones individuales e integrales del riesgo para definir medidas de protección que sean verdaderamente eficaces.
Esta problemática no es aislada. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe emitido el 13 de agosto, dedicó el capítulo V específicamente al empleo sistemático de la represión transnacional por parte de la dictadura nicaragüense. En dicho documento se detallan los ataques mencionados y se describen otras tácticas de asedio, como la denegación de pasaportes y certificados de nacimiento, el retiro de la nacionalidad a cientos de personas y el acoso a familiares que permanecen en Nicaragua.
La gravedad de estos hechos ha provocado que destacados periodistas y opositores, al sentirse inseguros en territorio costarricense, opten por trasladarse a otros países. Este éxodo secundario es un síntoma no solo de la capacidad represiva del régimen de Ortega y Murillo, sino también de la insuficiencia de las medidas de protección ofrecidas por las autoridades locales. Aunque se reconoce la limitación de recursos y la diversidad de prioridades del Estado, la urgencia de atender estos compromisos internacionales y proteger la vida de los refugiados políticos es imperativa.
