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Italia endurece penas contra disturbios y responsabiliza a padres de menores

La nueva norma determina castigar la participación en grupo en actos violentos que pongan en peligro la seguridad pública, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros.

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Italia endurece penas contra disturbios y responsabiliza a padres de menores

El Consejo de Ministros de Italia ha aprobado un decreto-ley con el objetivo de combatir la violencia en manifestaciones y reforzar la seguridad pública, como respuesta directa a los disturbios registrados el pasado fin de semana. La medida, aprobada la noche del martes, introduce una serie de nuevos delitos y amplía el alcance de normativas ya existentes, poniendo un énfasis particular en la persecución de actos violentos cometidos en grupo.

Debido a la preocupación por la posibilidad de que se repitan altercados este próximo fin de semana en la ciudad de Milán, el Gobierno ha determinado que el decreto entre en vigor de manera inmediata. No obstante, para cumplir con los plazos constitucionales, la norma deberá ser convertida en ley definitiva en un periodo de 60 días, tiempo durante el cual podrá ser objeto de modificaciones mientras se tramita en el Parlamento.

Uno de los pilares fundamentales de este nuevo marco legal es la creación del delito de participación violenta en manifestaciones. Bajo esta norma, se castigará la participación en grupo en actos violentos que pongan en peligro la seguridad pública. Las sanciones previstas para quienes incurran en este comportamiento son severas, contemplando penas de hasta cinco años de prisión y multas económicas que pueden alcanzar los 20.000 euros. Asimismo, el decreto establece que las penas serán más duras en casos de violencia agravada, específicamente cuando los participantes lleven el rostro cubierto o cuando sus acciones resulten en lesiones a terceros.

El texto legal pone un foco crítico sobre los menores de edad, dado que representaban la gran mayoría de los participantes en los recientes disturbios. En este sentido, el Gobierno italiano ha reforzado los mecanismos de responsabilidad económica de los progenitores. Ahora se facilitará la reclamación a los padres por los daños causados por sus hijos menores, incluyendo aquellos daños ocasionados a bienes públicos. Además, los padres de menores que cometan delitos podrán enfrentarse a multas de entre 500 y 1.000 euros, cantidades que podrán duplicarse en caso de reincidencia.

En cuanto a la detención de adolescentes, la policía podrá aplicar la detención preventiva a jóvenes de entre 14 y 17 años cuando se cumplan las condiciones previstas en la norma, una medida que ya se encontraba en proceso de aprobación parlamentaria. Complementariamente, el decreto introduce una presunción de capacidad de culpabilidad para los menores a partir de los 14 años, salvo que se demuestre lo contrario. Esta medida busca formalizar la capacidad de los jóvenes de entre 14 y 17 años para comprender la naturaleza de sus actos.

Para mejorar la eficacia de las investigaciones, se ha ampliado la posibilidad de aplicar la detención diferida en determinados delitos cometidos durante manifestaciones. Esto permitirá que los sospechosos sean detenidos posteriormente basándose en las pruebas disponibles, evitando la necesidad de una captura inmediata en el lugar de los hechos.

El decreto también va dirigido contra quienes organizan estos incidentes. Se contemplan sanciones de prisión de entre cuatro y doce años para quienes promuevan u organicen grupos destinados a cometer actos violentos, haciendo hincapié en que estas actividades pueden llevarse a cabo a través de herramientas digitales.

En relación con la protección de las fuerzas del orden, se ha facilitado la actuación de oficio ante lesiones causadas a agentes de policía y funcionarios de seguridad pública. Por otro lado, para asegurar la estabilidad en Milán, se ha previsto el despliegue de 500 militares adicionales que apoyarán la seguridad de la ciudad hasta el 31 de diciembre de 2026. Cabe destacar que el presidente de la República, Sergio Mattarella, intervino para frenar que se otorgaran competencias policiales, como la capacidad de arrestar, a los soldados desplegados.

Finalmente, la nueva normativa permite prohibir la asistencia a concentraciones públicas a aquellas personas que hayan tenido comportamientos perjudiciales para personas o bienes durante los cinco años anteriores. Esta prohibición de asistir a concentraciones también podrá aplicarse a los menores que tengan más de 14 años.

Esta nota fue producida por la redacción de Noticias.lat: verificamos la información en fuentes públicas y la reescribimos con nuestro criterio editorial. No republicamos textos de terceros.

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