La Fiscalía General de El Salvador ha presentado un balance detallado que pone de relieve la situación procesal de las personas capturadas bajo el régimen de excepción implementado por el gobierno del presidente Nayib Bukele. De acuerdo con los datos oficiales revelados este martes, casi el 90% de las 93.000 personas detenidas durante la vigencia de esta medida, que se ha mantenido durante los últimos cuatro años, aún no han recibido un juicio.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó durante una reunión celebrada en el Congreso que su institución registra poco más de 10.500 condenas hasta la fecha. Esta cifra evidencia que la gran mayoría de los capturados permanecen en centros penitenciarios esperando una sentencia definitiva. Al respecto, el funcionario aclaró que estas estadísticas y porcentajes se refieren exclusivamente a aquellos casos que ya han avanzado hacia la etapa de juicio, y manifestó la expectativa de que estas cifras vayan incrementándose con el paso del tiempo.
En cuanto a la naturaleza de los delitos, Delgado señaló que las condenas emitidas abarcan un espectro amplio, que va desde infracciones consideradas de menor gravedad hasta delitos graves como homicidios y violaciones múltiples, cometidos presuntamente por integrantes de pandillas. Dentro de este balance, la fiscalía reportó la emisión de 13 condenas a cadena perpetua, aplicadas en casos vinculados a feminicidios, homicidios y pertenencia a organizaciones terroristas. Asimismo, el informe contabiliza 244 absoluciones y 10 sobreseimientos.
Paralelamente a los datos oficiales, la situación ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones humanitarias. Estos grupos denuncian que la "guerra" contra las pandillas, si bien ha reducido la criminalidad a mínimos históricos en el país, ha dejado un rastro de abusos y arrestos arbitrarios. Las denuncias incluyen la existencia de miles de personas detenidas en estado de incomunicación total, sin que se les haya permitido acceder a un proceso judicial. Además, se ha alertado sobre la muerte de más de 500 personas mientras se encontraban en prisión.
Una de las voces más críticas ha sido la organización humanitaria Socorro Jurídico, la cual sostiene que aproximadamente una tercera parte de todas las personas detenidas bajo el régimen de excepción son inocentes. Esta preocupación se alinea con las admisiones del propio presidente Nayib Bukele, quien reconoció que su administración ha liberado a unas 8.000 personas capturadas, aunque el mandatario no precisó si estas personas continúan vinculadas a algún tipo de proceso legal. Por su parte, funcionarios del gabinete presidencial han justificado estas liberaciones calificándolas como parte de un "margen de error" inherente a las capturas masivas.
En un giro reciente, el presidente Bukele anunció que se encuentra evaluando la posibilidad de otorgar una liberación anticipada y condicional a unas 5.000 personas clasificadas como colaboradores "ocasionales" de las pandillas. El mandatario sostuvo que la selección de los beneficiarios se basará en su grado de "colaboración". Asimismo, indicó que estas personas podrían ser integradas al programa penitenciario denominado "Cero Ocio", el cual ofrece beneficios a los condenados a cambio de su desempeño laboral en diversas obras públicas.
Sin embargo, esta propuesta ha sido cuestionada por grupos humanitarios, quienes argumentan que considerar la colaboración como un delito es problemático si no se toma en cuenta la coerción y las amenazas que las pandillas ejercían sobre la población civil. Más allá de la naturaleza del delito, estas organizaciones señalan un problema estructural en el Estado de derecho, afirmando que el plan de liberación evidencia una falta de independencia de los poderes públicos. La crítica radica en que es una comisión del gobierno, y no el sistema de justicia, quien decide quiénes son los beneficiarios de estas medidas de liberación.
