Juan Pablo Albán, quien se desempeña como presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), comparecerá este martes ante la Tercera Comisión de la Asamblea General. El objetivo principal de su intervención es la presentación del informe anual del organismo, un documento que adquiere una relevancia particular en esta edición al incluir la primera aplicación en su historia del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, centrada específicamente en la crisis que atraviesa México.
A través de un anuncio realizado en su cuenta de la red social X, Albán detalló que durante su exposición abordará los resultados obtenidos mediante la supervisión del cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de los Estados. Asimismo, el funcionario presentará los avances y retos en las acciones urgentes destinadas a localizar a personas desaparecidas, el análisis de las comunicaciones individuales recibidas y los resultados de las visitas que el Comité ha llevado a cabo.
La situación de México ha llevado al organismo internacional a tomar una medida sin precedente desde que la Convención entró en vigor. El pasado 2 de abril, el Comité decidió solicitar al secretario general de Naciones Unidas que remitiera la situación del país a la Asamblea General. Esta determinación se fundamentó en la existencia de indicios fundados de que en el territorio mexicano se han cometido, y continúan cometiéndose, desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática.
Esta acción abre la puerta para que la comunidad internacional evalúe y considere la implementación de medidas de asistencia técnica y especializada. Dichas herramientas son vistas como necesarias para enfrentar una crisis humanitaria que mantiene a más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas en México. En su evaluación, el Comité ha sido enfático al señalar que algunas de estas desapariciones presentan características propias de crímenes de lesa humanidad.
Uno de los puntos más críticos del informe es la identificación de patrones de colusión. El Comité ha detectado que existe una cooperación irregular entre integrantes del crimen organizado y servidores públicos en diversos niveles de gobierno, incluyendo los ámbitos municipal, estatal y federal. A este panorama se suman niveles elevados de impunidad y deficiencias significativas en los procesos de búsqueda y en la identificación forense de las víctimas.
Ante este escenario, el organismo ha formulado una serie de recomendaciones urgentes. Entre ellas, destaca la necesidad de proporcionar cooperación técnica internacional para fortalecer las investigaciones, optimizar las tareas de búsqueda y mejorar el análisis forense. Además, el Comité sugiere el establecimiento de un mecanismo eficaz que permita esclarecer la verdad y garantice la asistencia y protección necesaria para las familias de las víctimas.
Por su parte, la respuesta del gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido de rechazo hacia la decisión del Comité. La administración federal considera que las conclusiones del organismo internacional son tendenciosas, argumentando que no se han tomado en cuenta las acciones institucionales que el Estado ha emprendido para atender el fenómeno de las desapariciones.
En contraposición a la postura gubernamental, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de familiares han hecho un llamado para que México acepte la cooperación internacional. Estos grupos solicitan la implementación de mecanismos independientes de investigación para garantizar la transparencia y el avance en los casos. En este sentido, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez instó este martes al Estado mexicano a abandonar el negacionismo y aprovechar la oportunidad de asistencia internacional para combatir la impunidad, la crisis forense y la participación de agentes estatales en los delitos.
Finalmente, Juan Pablo Albán informó que su presentación no se limitará al caso mexicano. El presidente del CED aprovechará el espacio para abordar los 20 años de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, analizando los desafíos actuales para lograr que más países se adhieran a este instrumento de derechos humanos. También presentará la Observación General número 2, la cual se enfoca en la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas frente a las desapariciones forzadas, detallando el trabajo coordinado con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas.
