La relación comercial en la zona fronteriza entre Argentina y Bolivia atraviesa un momento de alta tensión, manifestado tanto en medidas de presión social en territorio boliviano como en acciones legales impulsadas por gobiernos locales argentinos. El conflicto central radica en las nuevas restricciones impuestas por la Aduana argentina, las cuales han impactado directamente en la economía de miles de familias que dependen del intercambio de mercancías en los pasos fronterizos.
En Yacuiba, la Asociación de Bagalleros 27 de Mayo del Gran Chaco llevó a cabo un bloqueo en el puente internacional de San José de Pocitos. Esta medida de fuerza tuvo como objetivo principal protestar contra las limitaciones al comercio fronterizo implementadas por las autoridades argentinas. La interrupción del paso afectó severamente al transporte pesado de carga y a los servicios de pasajeros internacionales, provocando que diversas flotas de empresas de transporte, entre ellas La Preferida y Quirquincho, quedaran varadas en la zona. A pesar del bloqueo vehicular, el tránsito peatonal se mantuvo habilitado, operando bajo la vigilancia y el resguardo de efectivos policiales de ambas naciones.
Ramiro Alarcón, presidente del gremio de bagayeros, detalló que el malestar del sector surge a raíz de las nuevas disposiciones argentinas que limitan a un máximo de 10 kilogramos el ingreso de productos esenciales como la harina, la soja y el maíz. Alarcón subrayó que la harina, en particular, constituye una de las herramientas de trabajo fundamentales para los bagayeros. Debido a estas restricciones, el dirigente afirmó que la actividad comercial del sector se ha reducido drásticamente, operando actualmente solo al 30% de su capacidad habitual. Esta caída en la operatividad no es solo un problema gremial, sino social, ya que se estima que el sustento de más de 1.100 familias residentes en Barrio Nuevo y San José de Pocitos depende directamente del traslado de estas mercancías.
La resolución del conflicto en el puente de San José de Pocitos se logró tras intensas negociaciones iniciadas en las primeras horas del día. El proceso de diálogo fue impulsado por el coronel Lisandro García, comandante de frontera policial, y contó con la participación activa de figuras políticas y sociales, tales como la senadora Rosalba Romero, Juan Carlos Nallar, asesor del Gobierno Regional, y Walter Portillo, representante de la Defensoría del Pueblo. El resultado de estas gestiones fue la firma de un acta de compromiso en la que las autoridades nacionales, regionales y policiales se obligan a atender las demandas del sector. El acuerdo establece un plazo de 15 días para presentar avances concretos sobre las restricciones aduaneras y garantiza una comunicación permanente con los dirigentes para hacer el seguimiento de las gestiones. Tras la suscripción del documento, los bagayeros levantaron el bloqueo y se restableció el flujo del tránsito internacional.
Simultáneamente, la crisis ha escalado al ámbito judicial en Argentina. Los municipios de Salvador Mazza y Aguas Blancas han decidido intervenir legalmente para proteger la economía de sus localidades. El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, presentaron una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal de Salta contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El objetivo primordial de esta demanda es frenar las restricciones al comercio fronterizo con Bolivia. Específicamente, los mandatarios municipales solicitan que se declare la nulidad y la inconstitucionalidad de la Resolución General 5910/2026. Esta normativa modificó las condiciones bajo las cuales se realiza el egreso de mercaderías en el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo. Entre los puntos más cuestionados de dicha resolución se encuentra el límite de 150 dólares diarios por persona para la salida de mercadería desde Argentina, así como las restricciones impuestas al traslado de combustibles, granos y productos cuyos envases superen los 10 kilogramos.
Además de la demanda de fondo, los municipios solicitaron una medida cautelar para suspender de inmediato la aplicación de la normativa en ambos pasos fronterizos, buscando restablecer las condiciones comerciales anteriores. Esta acción judicial refleja la preocupación de los comerciantes y diversos sectores del norte de Salta, quienes advierten que las medidas de ARCA afectan negativamente las ventas, la generación de empleo y los ingresos básicos de las familias que dependen del intercambio comercial binacional.
