Una jueza de Miami, en Estados Unidos, autorizó el pasado viernes una orden de arresto contra el líder cubano Raúl Castro. La decisión judicial se fundamenta en el hallazgo de causa probable para acusar al exdirigente de conspirar para cometer asesinatos en primer grado, en relación con el derribo de dos aviones civiles pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate en 1996, incidente que resultó en la muerte de cuatro personas.
La orden fue firmada por Ariana Fajardo Orshan, quien se desempeña como jueza principal del Undécimo Circuito Judicial de Florida, según la información difundida por el periódico digital Miami Herald. De acuerdo con los argumentos de la causa, Raúl Castro coordinó acciones conjuntas con espías que operaban estratégicamente en Miami y Cayo Hueso para llevar a cabo el ataque.
El expediente judicial sostiene que Castro participó activamente en una conspiración para asesinar a las cuatro personas que se encontraban a bordo de las dos aeronaves de Hermanos al Rescate. Dichos aviones fueron abatidos por la Fuerza Aérea y de Defensa Antiaérea Revolucionaria de Cuba el 24 de febrero de 1996. La justicia estadounidense vincula directamente este caso con diversas tareas de espionaje que fueron ejecutadas desde el estado de Florida.
En relación con este proceso, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, emitió un comunicado oficial en el que afirmó: “Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro floridanos, y Florida nunca dejará de exigir responsabilidades por esa conspiración comunista”.
La declaración jurada presentada ante el tribunal detalla que dos espías cubanos lograron infiltrarse en Hermanos al Rescate, una organización formada en Miami con el objetivo de auxiliar a refugiados que intentaban escapar de Cuba. Una vez infiltrados, estos agentes reunieron información detallada sobre los vuelos del grupo para transmitirla a las autoridades cubanas.
Según el documento legal, los agentes no solo recolectaron datos sobre los vuelos de Hermanos al Rescate, sino que también reportaron información relativa a la base aérea naval de Cayo Hueso. Las instrucciones recibidas por los espías eran claras: transmitir los datos de vuelo de la organización a las autoridades en Cuba para facilitar la acción militar.
El documento señala además que la red de espionaje habría advertido a sus propios integrantes que evitaran volar con la organización entre los días 24 y 27 de febrero de 1996. Como evidencia de esta coordinación, se menciona que uno de los implicados salió de Florida y regresó a Cuba el 23 de febrero, exactamente un día antes de que las aeronaves fueran derribadas.
En la declaración jurada se especifica que el acusado, Raul Modesto Castro Ruz, acordó con otras personas cometer asesinatos en primer grado contra quienes viajaban en los aviones. El tribunal considera que tanto la vigilancia de la instalación naval como el envío de los datos de vuelo constituyen causa probable de una conspiración cometida en territorio de Florida.
La acusación se centra específicamente en el ataque ocurrido mientras Raúl Castro ejercía el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba. Las víctimas del derribo fueron tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente legal.
Respecto a la ubicación del suceso, el gobierno cubano ha sostenido históricamente que las aeronaves se encontraban sobre aguas cubanas. No obstante, Estados Unidos y una investigación conducida por las Naciones Unidas concluyeron que el derribo tuvo lugar sobre aguas internacionales.
Este proceso legal ha tenido diversas etapas recientes. En marzo, la fiscalía de Florida inició una pesquisa penal estatal para investigar el papel de Castro en las muertes. Posteriormente, en mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por asesinato y conspiración para matar contra Castro, quien actualmente tiene 95 años.
Finalmente, la orden emitida recientemente por el tribunal de Miami atribuye formalmente a Raúl Castro el cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, consolidando las acciones judiciales del estado de Florida y el gobierno federal contra el exlíder cubano.
