El Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, ha anunciado la expedición de un decreto destinado a delimitar, mediante coordenadas precisas, el territorio de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta medida, prevista para ser implementada el próximo 30 de noviembre, tiene como objetivo central reabrir la disputa territorial con Nicaragua, retomando el debate sobre la delimitación marítima tras los fallos emitidos por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Según informó el mandatario a través de sus redes sociales, esta acción busca fortalecer la soberanía nacional y transformar el archipiélago en un centro estratégico marítimo y logístico para la región del Caribe. Bajo la premisa de que "la Patria Milagro empieza en el mar", De la Espriella ha calificado estas decisiones como históricas, orientadas a consolidar la presencia del Estado en una zona de vital importancia geopolítica.
El decreto fijado para finales de noviembre pretende, en palabras del presidente, "saldar una deuda histórica de 48 años". Esta declaración hace referencia directa a una ley promulgada en 1978 que ya ordenaba la delimitación del territorio compuesto por las siete islas del archipiélago, una tarea que, según la administración actual, no se había completado satisfactoriamente para esta zona específica.
Para respaldar esta estrategia de soberanía, el presidente detalló una serie de medidas complementarias que acompañarán la delimitación territorial. Entre ellas, destaca el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública en la zona, la modernización del registro de embarcaciones que operen bajo bandera colombiana y el impulso a la infraestructura portuaria. Asimismo, el plan gubernamental contempla fomentar la pesca artesanal, el desarrollo del turismo náutico y la generación de nuevas oportunidades de empleo para los habitantes de la región.
La postura del Ejecutivo es tajante respecto a la integridad del territorio. El presidente De la Espriella aseguró que su gobierno está decidido a defender "hasta el último rincón" del territorio nacional, sentenciando que Colombia no cederá ni una milla náutica, ni un arrecife, y que no abandonará a los pescadores de la zona.
Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, respaldó el anuncio presidencial y ofreció un análisis crítico sobre el proceso judicial llevado ante la CIJ. Lara afirmó que el fallo de 2012 es "inaplicable en su literalidad". El ministro argumentó que Colombia llegó a La Haya con la "tarea mal hecha", señalando que, aunque el expresidente Alfonso López Michelsen había ordenado el trazado de los límites en la Ley 10 de 1978, dicho proceso se ejecutó para la costa continental, pero se omitió para el archipiélago.
Lara explicó que esta omisión técnica tuvo un impacto directo en la percepción de los jueces internacionales. Según el ministro, al no existir coordenadas precisas, los jueces no percibieron el territorio como un archipiélago administrado y defendido como una unidad, sino como un "reguero de puntitos en el mar", lo que debilitó la posición colombiana durante el litigio.
A pesar de la firmeza en la delimitación de sus límites, que el ministro calificó como "inalienables", el Gobierno colombiano ha manifestado que mantendrá un diálogo de buena fe con Nicaragua sobre la aplicación del fallo.
Es importante recordar el contexto legal de esta disputa. En 2012, la CIJ reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero no sobre la totalidad de los recursos naturales de sus aguas, extendiendo la zona marítima de Nicaragua hasta las 200 millas náuticas en diversos puntos de la frontera caribeña. Posteriormente, en 2023, la CIJ ratificó su decisión anterior al determinar que Nicaragua no posee derechos más allá de las 200 millas náuticas contadas desde su propia costa, rechazando una solicitud del país centroamericano para ampliar su plataforma continental.
El objetivo actual del gobierno de Abelardo de la Espriella es lograr que las aguas situadas entre las islas del archipiélago sean reconocidas como aguas interiores colombianas. Esto representa un punto de fricción, ya que la sentencia de 2012 dejó parte de esos espacios dentro de la zona económica exclusiva de Nicaragua, otorgando a este país derechos soberanos sobre los recursos naturales y ciertas competencias, aunque sin concederle la soberanía plena sobre el mar.
