Armando Benedetti, actual ministro del Interior, ha hecho pública una grave denuncia relacionada con la seguridad personal y la de su núcleo familiar. El funcionario informó que se ha hecho efectivo el retiro de su esquema de protección, una medida que, según sus palabras, ocurre en un contexto irregular y cargado de tensiones políticas dentro del Gobierno.
El punto central de la denuncia radica en la ausencia de un nuevo estudio de riesgo que justifique técnicamente la eliminación de estas medidas de seguridad. Benedetti enfatizó que, hace apenas dos meses, su situación de riesgo había sido calificada como "extraordinaria", una categoría que implica la necesidad de una protección robusta y constante para mitigar posibles amenazas contra su vida y la de sus allegados. A pesar de este antecedente crítico, el retiro se ejecutó sin que se realizara una nueva evaluación técnica que respaldara la decisión.
Además del vacío en los estudios de riesgo, el ministro señaló que la desactivación de la protección se produjo sin que se hubieran resuelto previamente los recursos de ley correspondientes. Este hecho sugiere que se habrían ignorado los procesos administrativos y judiciales que normalmente rigen la modificación de los esquemas de seguridad para los altos funcionarios del Estado, acelerando la decisión sin respetar el debido proceso legal.
Benedetti no dejó espacio a la duda sobre el motivo detrás de esta acción administrativa. El ministro vinculó directamente el retiro de su seguridad con una respuesta que envió el mismo día al Presidente de la República. Según el funcionario, la coincidencia temporal entre su comunicación con el mandatario y la pérdida inmediata de su esquema de protección no puede ser considerada una casualidad, sugiriendo que se trata de una reacción directa a sus palabras.
Ante esta situación de vulnerabilidad, el ministro del Interior ha sido tajante al asignar responsabilidades. Benedetti afirmó explícitamente que hace responsable al Presidente de cualquier evento adverso, incidente o daño que pueda sufrir él o los miembros de su familia a partir de este momento. Esta declaración subraya la gravedad de la percepción de riesgo que siente el funcionario tras quedar desprotegido.
El conflicto ha escalado también al plano del honor y el derecho. Benedetti criticó duramente las palabras dirigidas hacia él por parte del jefe de Estado, asegurando que tales expresiones no son aptas para un presidente de la República hacia ningún ciudadano, independientemente de su cargo. El ministro hizo hincapié en que el Presidente es el mandatario de todos los colombianos y que, a pesar de su formación profesional como penalista, parece desconocer que la facultad de juzgar recae exclusivamente en la administración de justicia y no en la figura del ejecutivo.
En este sentido, el funcionario describió las acciones del mandatario como un "perfilamiento de graves dimensiones". Para hacer frente a lo que considera un ataque a su integridad moral y profesional, Benedetti anunció que interpondrá las acciones legales pertinentes en defensa de su buen nombre, manifestando que confía plenamente en que la justicia sea la entidad encargada de dirimir este conflicto.
Finalmente, el ministro envió un mensaje ambiguo pero contundente sobre su postura actual frente al debate público y su relación con el mandatario. Benedetti señaló que, si hasta el momento ha mantenido cierto silencio, es debido a que se encuentra en un periodo de descanso; sin embargo, dejó abierta la puerta a retomar la palabra pública si el Presidente desea escucharlo, afirmando categóricamente que, si el mandatario lo quiere oír, él hablará.
