El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, ha generado una fuerte controversia política al pronunciarse sobre el denominado ‘Pacto de Valledupar’. Según las declaraciones del exjefe paramilitar, delegados del Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, habrían intentado persuadir a un grupo de excomandantes paramilitares para que emitieran acusaciones falsas contra tres figuras prominentes de la política y el derecho en Colombia: el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el abogado Abelardo de la Espriella y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
De acuerdo con el relato de Mancuso, el objetivo de estas presuntas acusaciones sería obtener beneficios electorales para el sector oficialista. El exparamilitar fue enfático al señalar que la propuesta fue rechazada categóricamente por los asistentes. “Delegados del Gobierno de Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”, afirmó el exjefe militar, haciendo referencia a las denuncias previas de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, sobre los propósitos de dicha reunión.
La existencia de este encuentro, conocido como el ‘Pacto de Valledupar’, salió a la luz pública a través de una columna del periodista Melquisedec Torres en el diario EL COLOMBIANO. En dicho espacio se detallaron los pormenores de la reunión, incluyendo quiénes participaron y cuáles fueron los puntos discutidos entre los delegados gubernamentales y los antiguos jefes de las AUC.
Mancuso confirmó la veracidad de estas revelaciones a través de un video publicado en sus redes sociales. En su intervención, explicó que el encuentro no fue improvisado, sino que había sido concertado directamente con el presidente Gustavo Petro un año antes, durante una reunión sostenida en Montería. El propósito inicial, según Mancuso, era estrictamente técnico y judicial: realizar un balance exhaustivo del proceso de desmovilización de las AUC, transcurridas dos décadas desde su inicio, y avanzar en el cierre definitivo del proceso de Ralito.
El exparamilitar detalló que el plan original consistía en analizar la verdad ya entregada, evaluar la reparación a las víctimas, revisar los bienes entregados al Estado y analizar los avances en la reintegración. Asimismo, Mancuso subrayó que estaba previsto discutir la situación jurídica de diversos excombatientes que permanecen privados de la libertad. El exjefe paramilitar señaló que existen cientos de hombres en prisión sin claridad jurídica, incluyendo postulados que ya habrían cumplido la pena máxima prevista pero que continúan en sus procesos judiciales.
Sobre este punto, Mancuso destacó que miles de víctimas aún no han sido reparadas y que, citando una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia, el proceso de cierre podría tomar muchos más años de lo previsto, superando incluso la duración del propio conflicto armado.
Sin embargo, el exgestor de paz aseguró que el panorama cambió drásticamente al llegar a Valledupar. Según su testimonio, Angie Rodríguez, entonces directora del DAPRE, y el asesor presidencial Víctor de Currea-Lugo, plantearon un objetivo totalmente distinto al acordado previamente con el mandatario. Mancuso afirmó que fue en este momento cuando se les solicitó hablar públicamente en contra de Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras.
“La respuesta fue una sola: nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro”, aseguró el excomandante. Como consecuencia de este desacuerdo, Mancuso sostuvo que la reunión no derivó en ninguna declaración pública ni entrevistas, y que la mesa de Ralito nunca volvió a ser convocada. Para respaldar sus palabras, instó a observar los hechos, señalando que la propia señora Rodríguez ha admitido públicamente la ausencia de tales declaraciones.
Finalmente, al ser consultado sobre si estas solicitudes fueron una orden directa del presidente Petro, Mancuso aclaró que el mandatario nunca le hizo tal petición personalmente. En consecuencia, señaló que serán los funcionarios involucrados y el propio expresidente quienes deberán responder ante la justicia. Mancuso concluyó reiterando su disposición a colaborar con la Fiscalía si es llamado, subrayando que su deber es con la verdad que se le debe a las víctimas, la cual ha venido exponiendo durante los últimos 21 años bajo juramento ante los jueces.
