El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) ha detectado diversas irregularidades en la gestión de recursos destinados a la remodelación del edificio D de su complejo de oficinas ubicado en Tlalpan. Bajo la administración de Guadalupe Taddei Zavala, el organismo "desenterró" fondos que habían sido autorizados originalmente en 2021 para realizar estudios y análisis sobre la obra, pero que fueron ejecutados años después, contraviniendo los acuerdos establecidos.
De acuerdo con la auditoría DAB/04/OP/2025, la cual concluyó sus trabajos en marzo de 2026, el OIC cuestionó la legalidad de tres contratos de servicios realizados en 2024. La observación se basa en que el Comité Técnico del INE había establecido en 2021 que, si los procedimientos de contratación no se iniciaban en un plazo de cuatro meses, los recursos autorizados quedarían automáticamente cancelados. A pesar de esta directriz, los contratos se llevaron a cabo tres años más tarde.
La revisión, que abarcó el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 15 de septiembre de 2025, señaló posibles incumplimientos graves en las etapas de planeación, contratación, supervisión y ejecución de los servicios relacionados con los estudios del inmueble. La responsabilidad de estos contratos recayó en la Secretaría Ejecutiva del INE, cargo que en aquel momento desempeñaba Claudia Arlett Espino.
Ante las observaciones presentadas por el contralor, la Secretaría Ejecutiva argumentó que los contratos firmados en 2024 eran una continuación de contrataciones ya iniciadas en 2021. Sin embargo, el OIC mantuvo la observación tras determinar que no se entregó la documentación comprobatoria que acreditara la realización de dichos trabajos, ni en el año 2021 ni en el 2024.
Es importante precisar que Claudia Arlett Espino era la titular de la Secretaría Ejecutiva únicamente al momento de la firma de uno de los tres contratos observados: el INE/SROP/06/2024, destinado específicamente a las instalaciones eléctricas del edificio D. Este inmueble es de particular relevancia para el instituto, ya que alberga las oficinas de Comunicación Social y el foro de televisión. Trabajadores del organismo han manifestado que la infraestructura eléctrica es una de las necesidades más urgentes de atender, aunque los trabajos correspondientes a este contrato no fueron debidamente acreditados.
El OIC identificó debilidades críticas en materia de transparencia, trazabilidad y justificación de las adjudicaciones en los contratos INE/SROP/03/2024, INE/SROP/04/2024 e INE/SROP/06/2024. Una de las fallas más evidentes fue la demora excesiva en la entrega y autorización de estimaciones de pago. En el contrato 03/2024, la estimación se entregó 115 días naturales después del corte; en el 04/2024, fue autorizada 46 días después de su entrega; y en el 06/2024, la estimación se presentó 148 días después del corte, incumpliendo la normativa que establece una periodicidad máxima de 30 días.
En términos financieros, la auditoría fiscalizó un monto de 1.9 millones de pesos de un total de 16.7 millones integrados en los tres contratos. Se determinó que existen 198 mil pesos pendientes de aclarar, derivado de la omisión en la aplicación de penas convencionales por retrasos en la obra. Específicamente, en el contrato INE/SROP/06/2024, el plazo de término era el 26 de enero de 2025; no obstante, el reporte de marzo de 2026 reflejó un avance real de apenas el 41%, frente al 100% programado para el cierre.
Además, el auditor señaló que el residente autorizó el pago del concepto DRO-01 por un total de 198 mil 41.01 pesos (incluyendo IVA), sin que dicho concepto se hubiera concluido totalmente. A pesar de las respuestas brindadas por el área auditada, el OIC consideró que no se aclararon los hechos y mantuvo el monto como observado.
Finalmente, la auditoría reveló graves fallas en el proceso de adjudicación. No se acreditaron las tres cotizaciones previas requeridas; algunas se entregaron sin vigencia ni plazo de ejecución, y hubo discrepancias entre los montos de las cotizaciones y los cuadros comparativos. Un hallazgo particularmente irregular fue la detección de una cotización atribuida a una persona física que fue presentada en papel membretado del propio INE, lo que debilita la evidencia de que las contrataciones se basaran en una comparación de mercado real y verificable. El OIC reportó faltantes e inconsistencias en las propuestas de las empresas Halo Constructora, Buró Mexicano de Solución Técnica y Electroconstructora Sustentable.
