La administración del presidente Donald Trump ha presentado una solicitud formal para la destitución de la jueza federal Ana Reyes, quien actualmente supervisa una demanda relacionada con los planes del mandatario para remodelar un campo de golf público ubicado en la ciudad de Washington. El Gobierno fundamenta esta petición en una serie de acusaciones que señalan la existencia de "prejuicios" por parte de la magistrada en el ejercicio de sus funciones.
En una moción legal presentada el pasado viernes, el equipo jurídico de la administración fue enfático al describir la conducta de la jueza de distrito Reyes como "nada menos que flagrante". Esta solicitud de recusación surge tras una audiencia celebrada a principios de la semana, la cual estuvo marcada por una atmósfera de alta tensión entre la juzgadora y los representantes del Gobierno.
Según reportes previos de CNN, durante la audiencia del lunes, la jueza Reyes —quien fue nombrada para su cargo por el expresidente Joe Biden— manifestó estar "furiosa" con la administración de Trump. El motivo de su indignación fue la tala de 169 árboles en el campo de golf East Potomac, una acción ejecutada por el Gobierno sin que se hubiera notificado previamente al tribunal. En el fragor de la sesión, la jueza llegó a afirmar tajantemente que “no se puede confiar en el Gobierno”.
El Departamento de Justicia, en el escrito presentado el viernes, ha escalado la crítica al sostener que el comportamiento de la jueza Reyes ha alcanzado el nivel de una "antipatía profunda e inequívoca hacia la administración Trump". Para respaldar esta tesis, los abogados gubernamentales no solo se basaron en los eventos recientes, sino que citaron comentarios realizados por la magistrada durante la supervisión de otros casos que involucran a la gestión actual.
En el documento, la defensa del Ejecutivo sostiene que el Gobierno de Trump tiene el derecho fundamental de contar con un foro neutral y un juez que sea capaz de mantener, al menos, la apariencia de imparcialidad. Según el argumento del abogado, la jueza Reyes ha demostrado a través de sus acciones y palabras que no es capaz de cumplir con este estándar de neutralidad judicial.
Este conflicto legal se enmarca en una impugnación presentada por un grupo de conservacionistas y dos golfistas locales. Los demandantes se oponen a los planes de Donald Trump de transformar el campo de golf East Potomac en un campo de nivel de campeonato. Dicha renovación es una de las diversas iniciativas de construcción que el presidente ha puesto en marcha desde su regreso a la Casa Blanca, como parte de una estrategia más amplia para remodelar el paisaje físico de Washington D.C.
En relación con los trabajos de campo, funcionarios federales detallaron en un documento judicial reciente que el plan de renovación requerirá la tala de aproximadamente 730 árboles. La administración ha defendido esta medida describiéndola como una tarea de mantenimiento rutinario, cuyo objetivo principal es la eliminación de posibles peligros en la zona.
Además de las acusaciones de prejuicio, el abogado del Gobierno cuestionó la decisión de Reyes de exigir la presencia de funcionarios de "alto nivel" en la audiencia del lunes. El escrito señala que esta exigencia demuestra un "desprecio absoluto" por el tiempo valioso de dichos funcionarios y, más grave aún, un "desprecio flagrante" por los principios fundamentales de la separación de poderes, conocimientos que, según la moción, deberían ser básicos para cualquier jueza federal.
Para cerrar su argumento sobre la existencia de un "patrón de animosidad", el Gobierno citó otros fallos y declaraciones de la jueza. El documento resalta que, en un caso anterior referente a la prohibición de que las personas transgénero sirvieran en las fuerzas armadas, Reyes afirmó que la administración estaba “literalmente borrando a las personas transgénero”. En aquel proceso, la jueza procedió a bloquear dicha prohibición, lo que para el Gobierno actual es una prueba más de su falta de objetividad.
