El magistrado de la Sala de Casación Penal, conocida como Sala III, Gerardo Rubén Alfaro, ha manifestado su aspiración de presidir la Corte Suprema de Justicia. Esta pretensión surge en un contexto de marcada tensión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, periodo caracterizado por los ataques del expresidente Rodrigo Chaves, quien actualmente se desempeña como ministro de la Presidencia y de Hacienda, contra la institución judicial y su intención de asumir el control de dicho poder de la República.
En una entrevista concedida a La Nación, Alfaro enfatizó la importancia de defender la independencia de los jueces, señalando que el Poder Judicial debe validar su relevancia para la democracia a través de sus propias actuaciones. Entre sus prioridades, el magistrado destacó la urgencia de resolver el rezago procesal en los tribunales, la protección del presupuesto institucional y la necesidad de establecer un diálogo más sólido con los diputados para avanzar en reformas al sistema de justicia penal.
Respecto a la problemática de la mora judicial, que representa una preocupación a escala nacional, Alfaro sostuvo que la solución radica en una planificación adecuada y en contar con personal capacitado en todas las sedes. Propuso la implementación de planes remediales específicos en aquellos despachos que concentren los expedientes más antiguos, con el objetivo de brindar respuestas a quienes han esperado años por una resolución y asegurar que los asuntos nuevos se resuelvan con prontitud.
En el ámbito financiero, el magistrado fue enfático al rechazar la idea de que el Poder Judicial disponga de excedentes económicos. Defendió el presupuesto proyectado para el año 2027, asegurando que no se trata de un capricho, sino de una necesidad operativa donde cada colón gastado cuenta con un mecanismo de comprobación. Alfaro señaló que el aumento de ciudadanos que acuden al sistema judicial es una señal de confianza que debe ser respondida con recursos suficientes.
El magistrado criticó que ciertas normas de ejecución presupuestaria no fueran comunicadas durante las reuniones de los equipos técnicos, sino que se hicieran evidentes únicamente al entregar el proyecto de presupuesto a la Asamblea Legislativa. Instó a los diputados a realizar una valoración responsable, afirmando que el Poder Judicial puede justificar plenamente la necesidad de las plazas vacantes y el impacto negativo que generan las limitaciones impuestas sobre una suma de ¢29.000 millones, las cuales afectan directamente la operatividad de la institución.
Sobre su trayectoria y decisiones judiciales, Alfaro abordó su voto en un caso donde rechazó trasladar una investigación al Congreso, siendo uno de los siete magistrados que tomaron esta decisión. Explicó que su postura se basó en que los elementos de la investigación eran insuficientes en aquel momento. El magistrado calificó de "sucios" y "baratos" los epítetos y descalificaciones recibidos, negando rotundamente que se haya "acomodado al poder". Afirmó que su labor se centra exclusivamente en el caso concreto y la aplicación del derecho, independientemente de quién sea la persona involucrada.
En cuanto a la seguridad y la legalidad, Alfaro advirtió que no se puede permitir que el crimen organizado y la delincuencia avancen en el país. Para ello, abogó por una gestión coordinada entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y las policías nacionales. Asimismo, reafirmó la consigna de "cero tolerancia" frente a la corrupción, destacando que el Poder Judicial posee la capacidad de investigar y sancionar internamente, apoyándose ahora en la ley de régimen disciplinario sancionador recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa.
Finalmente, el magistrado instó a que el Poder Judicial adopte una comunicación más asertiva y profusa para acercarse a todos los sectores sociales, subrayando que el valor fundamental de la institución es la gente. Definió al Poder Judicial costarricense como un "faro en América Latina" y un pilar esencial de la democracia, concluyendo que es el poder que debe estar más fortalecido para garantizar la estabilidad del resto de las instituciones y del país en general.
