A siete años del estallido social del 18 de octubre, el escenario político en Chile se presenta complejo. El Gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta su primera conmemoración de este evento en un contexto marcado por presiones internas y un entorno económico adverso que ha comenzado a impactar sus niveles de aprobación. En este marco, el análisis del académico del Instituto de Sociología de la Universidad Católica (UC) y experto en movimientos sociales, Nicolás Somma, sugiere que, aunque la seguridad sigue siendo un eje central, el foco ciudadano está empezando a desplazarse.
Para Somma, el 18-O continúa siendo un episodio fundamental para comprender la política chilena actual, describiéndolo como un "productor muy potente de símbolos" que marcó el inicio de una nueva era para el país. Según el sociólogo, la interpretación de este evento ha estado en constante disputa: mientras algunos sectores lo pintaron como una irrupción romántica de las masas contra el neoliberalismo, otros construyeron una narrativa de estallido delictual impulsado por vándalos y fuerzas extranjeras. Esta tensión discursiva implica que el impacto de los hechos objetivos varía según cómo se interpreten en el presente.
En la actualidad, el experto observa un posible movimiento del "péndulo" político. Si bien no prevé un retorno a la intensidad del estallido social, sí plantea que podría existir una mayor tolerancia hacia la acción colectiva, la cual recientemente había sido equiparada casi exclusivamente con el desorden. Somma señala que el desgaste natural del ejercicio del poder suele arrastrar a la baja los temas enfatizados durante las campañas, permitiendo que resurjan demandas que parecían enterradas tras el fracaso de los procesos constitucionales, como la necesidad de un Estado que, además de ser eficiente, atienda la vulnerabilidad social.
Uno de los puntos más críticos del análisis es la mutación de las prioridades ciudadanas. Somma advierte que la preocupación por la seguridad, aunque sigue siendo relevante, está empezando a ser disputada por preocupaciones materiales, destacando especialmente el desempleo. El sociólogo enfatiza que para un Gobierno cuyo objetivo era reactivar la economía mediante la inversión y la reducción de la "permisología", y no a través de la reactivación directa del empleo, el desempleo podría convertirse en un catalizador de otros temas críticos que generen una "espiral deslegitimadora".
Respecto a la capacidad de los movimientos sociales, el académico es tajante: esta no está siendo la década de las movilizaciones masivas, especialmente si se compara con el periodo 2010-2020. Somma atribuye este fenómeno, en parte, a la implementación del voto obligatorio, el cual ha reforzado el peso político de las "mayorías silenciosas". Estos ciudadanos, que anteriormente no votaban y generalmente no protestaban, ahora definen los resultados electorales, lo que lleva a los líderes políticos a anticiparse a sus demandas en lugar de atender las agendas de los movimientos sociales, los cuales basan su fuerza en las calles y no en las urnas.
En el plano interno del Gobierno, Somma analiza las presiones que enfrenta el Presidente Kast, particularmente los pedidos de indultos a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido. El sociólogo describe una derecha heterogénea y en disputa, donde el Partido Nacional Libertario presiona hacia la ultraderecha al Partido Republicano, mientras que este último es tironeado hacia el centro por la derecha tradicional, cuyo apoyo es indispensable en el Parlamento. Sobre los indultos, advierte que son decisiones que abren flancos a discrepancias y sientan precedentes complicados, ya que implican un componente de juicio personal y clemencia más que una decisión meramente administrativa.
Finalmente, sobre la posibilidad de nuevos estallidos, el experto descarta que ocurran a corto plazo, calificándolos como fenómenos extraordinarios. No obstante, no descarta movilizaciones de sectores puntuales, como los estudiantes, quienes poseen mayor flexibilidad para movilizarse. Somma advierte que el riesgo de mayores protestas aumenta cuando el Estado toma decisiones de recorte o cuando se percibe una ruptura del "acuerdo moral" sobre las responsabilidades del Estado hacia la ciudadanía. La magnitud de tales reacciones, concluye, dependerá de la cohesión y la existencia de liderazgos capaces de articular a los grupos organizados.
