La autoridad judicial ha determinado la detención preventiva del exfiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez Alarcón, quien deberá permanecer recluido en el penal de San Pedro por un periodo de seis meses. Esta decisión se produce en el marco de una investigación judicial vinculada al caso del suspendido fiscal general, Roger Mariaca.
La resolución fue emitida tras la celebración de una audiencia de medidas cautelares. Dicho proceso judicial se puso en marcha luego de que la exautoridad fuera aprehendida en la ciudad de La Paz y, posteriormente, puesta a disposición de la justicia para que se definiera su situación legal inmediata.
Durante el desarrollo de la audiencia, la defensa técnica del imputado, liderada por el abogado Marvin Astorga, centró sus esfuerzos en combatir los argumentos presentados por las entidades acusadoras. Según informó el abogado Astorga, durante la sesión se logró desvirtuar diversos riesgos procesales que habían sido planteados formalmente tanto por el Ministerio de Gobierno como por el Ministerio Público.
Astorga destacó que la autoridad judicial, al momento de tomar la determinación, consideró aspectos personales del imputado. Específicamente, el abogado señaló que se tomó en cuenta la naturaleza de la familia y la situación familiar de Luis Carlos Torrez Alarcón para el análisis de la medida impuesta.
A pesar de estos puntos favorables durante la audiencia, la defensa no ha aceptado la resolución final de detención preventiva. Marvin Astorga confirmó que se ha interpuesto un recurso de apelación contra la decisión judicial. El fundamento de esta impugnación radica en que, a juicio de la defensa, no existen elementos suficientes que sustenten la medida de reclusión impuesta al exfiscal.
Uno de los puntos críticos señalados por el abogado defensor es la supuesta ausencia de la probabilidad de autoría, un elemento esencial para que proceda la detención preventiva. Astorga fue enfático al afirmar que la resolución emitida carece de los sustentos necesarios y reiteró el compromiso de la defensa de demostrar la inocencia del señor Torrez a lo largo del proceso.
Por su parte, Luis Carlos Torrez Alarcón ha mantenido una postura de rechazo absoluto frente a las acciones emprendidas en su contra. Antes de que se conociera la determinación del juez, el exfiscal calificó el procedimiento legal como "ilegal", denunciando que se encuentra siendo víctima de una supuesta persecución política.
En sus declaraciones, Torrez fue categórico al negar cualquier tipo de vínculo con el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, nombre que ha surgido en el contexto de las investigaciones. Asimismo, el exfiscal departamental rechazó tajantemente todas las acusaciones relacionadas con presuntos cobros irregulares que se le atribuyen.
El caso continúa ahora en una etapa de revisión debido a la apelación presentada por la defensa, mientras que el imputado permanece bajo custodia en el penal de San Pedro, a la espera de que se resuelvan los recursos legales interpuestos para cuestionar la legalidad y la pertinencia de su detención preventiva por el plazo de seis meses.
