La administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha una ofensiva legal contra la congresista demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, en medio de una investigación penal por presunto fraude migratorio. El caso ha escalado hasta generar una dura reacción del expresidente Barack Obama, quien ha calificado las acciones del gobierno federal como un ataque selectivo motivado por razones políticas.
La controversia se intensificó tras las declaraciones de Tom Homan, el «zar» de la frontera de la Casa Blanca, quien aseguró en una entrevista con Fox News que los investigadores federales disponen de un «caso sólido». Homan reveló que, a raíz de múltiples órdenes de registro autorizadas por un tribunal en la residencia de la legisladora en Washington, D.C., se han obtenido pruebas contundentes. El funcionario fue enfático al señalar que, de haberse infringido la ley, Omar deberá rendir cuentas y no recibirá ningún trato especial durante el proceso.
En sintonía con esta postura, Markwayne Mullin, representante del Departamento de Seguridad Nacional, rechazó en una entrevista concedida a «The Charlie Kirk Show» que la investigación responda a motivaciones políticas. Mullin sostuvo que el presidente Trump no habría procedido con tales acciones a menos que existiera la certeza de que el caso no era político. Según el funcionario, se trata simplemente de hacer cumplir las leyes nacionales y describió la situación como un «caso sólido».
La investigación surge a partir de denuncias promovidas por el presidente Trump y diversas figuras del Partido Republicano, quienes sostienen que los documentos migratorios presentados por la familia de Omar hace décadas podrían ser fraudulentos. Como parte de estas diligencias, el teléfono móvil de la congresista fue confiscado y varios de sus familiares, incluidos su hermano y su hermana, han sido citados a declarar.
Mullin sugirió que Omar podría enfrentar procesamientos bajo las leyes federales contra el crimen organizado, mencionando la posibilidad de aplicar la ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influyentes). El funcionario planteó el escenario hipotético de una conspiración para engañar al gobierno estadounidense mediante documentación ilegal para permitir el ingreso de otras personas, lo que convertiría el asunto en un caso de crimen organizado coordinado.
Por su parte, Ilhan Omar ha negado rotundamente las acusaciones y no ha sido acusada formalmente de ningún delito. Su oficina ha calificado el plan de deportación como una «medida autoritaria para silenciar a una oponente», subrayando que la legisladora ha sido una de las críticas más constantes a las políticas del mandatario republicano.
El expresidente Barack Obama intervino públicamente a través de una extensa publicación en redes sociales para condenar el intento de la administración Trump de despojar a Omar de su ciudadanía estadounidense y expulsarla del país. Obama argumentó que este ataque viola un principio fundamental de la democracia, afirmando que el gobierno no puede tomar como objetivo a personas de manera selectiva basándose en sus creencias políticas o en sus declaraciones.
Para fundamentar su postura, Obama detalló la trayectoria migratoria de la congresista, señalando que Omar llegó a Estados Unidos con su padre a los 12 años. Explicó que, cuando su padre obtuvo la ciudadanía estadounidense cinco años más tarde, Ilhan tenía 17 años, lo que le permitió convertirse en ciudadana estadounidense de forma automática. El expresidente acusó a Trump de valerse de una «teoría sin fundamento» —que sostiene que Omar tenía en realidad 18 años al momento de la naturalización de su padre— para justificar el plan de deportación.
Obama denunció que «todo el peso del gobierno federal está cayendo sobre una funcionaria electa que respeta la ley, simplemente porque se ha atrevido a criticar al presidente». Asimismo, vinculó este caso con un patrón de conducta del Departamento de Justicia bajo el mando de Trump, mencionando que el presidente ha arremetido contra otros enemigos políticos, tales como la fiscal general de Nueva York, el exdirector del FBI y miembros de la Reserva Federal.
Finalmente, el exmandatario advirtió que permitir que estas acciones queden sin respuesta sentaría un precedente peligroso. Obama señaló que si esta situación se convierte en la «nueva normalidad», no hay razón para creer que el gobierno se detendrá con Omar ni que futuros presidentes de cualquier partido no utilicen las mismas tácticas. Este enfrentamiento ocurre en un contexto donde Trump ya ha utilizado teorías sobre el origen y ciudadanía de sus oponentes en el pasado, como ocurrió con las falsas afirmaciones sobre el lugar de nacimiento de Obama.
