La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció recientemente sobre el proceso legal que enfrenta un exfuncionario, identificado como Jáuregui, quien desempeñó funciones como fiscal en el estado de Chihuahua. La mandataria informó que, según los reportes proporcionados por la fiscal general, Ernestina Godoy, las investigaciones en torno a este exservidor público aún no han concluido, ya que se continúa indagando su posible participación en otros asuntos que deberán ser detallados posteriormente por la Fiscalía.
El caso central gira en torno a una grave vulneración de la soberanía nacional. De acuerdo con la información disponible, el exfuncionario habría permitido que dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos intervinieran en territorio mexicano sin contar con la autorización correspondiente. Estas acciones, que fueron ejecutadas por personal extranjero, corresponden estrictamente a las facultades de las fuerzas federales mexicanas y no pueden ser delegadas ni permitidas a agentes externos sin el debido proceso legal.
Los hechos que detonaron esta controversia ocurrieron en abril pasado, cuando los dos agentes de la CIA participaron en una operación destinada a revisar un laboratorio clandestino en el estado de Chihuahua. Cabe destacar que dicha entidad federativa es gobernada actualmente por el Partido Acción Nacional (PAN). La presencia de los agentes extranjeros en el operativo salió a la luz tras un accidente automovilístico en el que ambos perdieron la vida, lo que permitió descubrir la naturaleza irregular de su misión en suelo mexicano.
Ante este escenario, la presidenta Sheinbaum subrayó la importancia de mantener una vigilancia estrecha sobre este asunto para garantizar el cumplimiento de la ley y el respeto a la soberanía del país. La jefa del Ejecutivo fue enfática al señalar que cualquier persona que pretenda establecer relaciones con gobiernos extranjeros en materia de seguridad debe ceñirse estrictamente a los protocolos establecidos, los cuales incluyen la obligación de dar aviso formal a la Secretaría de Relaciones Exteriores (Cancillería).
En cuanto a la situación jurídica de Jáuregui, la mandataria recordó que el exfuncionario cuenta con dos órdenes de aprehensión. La primera fue emitida por la propia Fiscalía del estado de Chihuahua, basada en delitos cometidos por servidores públicos. La segunda orden, de mayor gravedad, fue dictada por la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el cargo de traición a la patria, debido a la naturaleza de las acciones permitidas con la agencia de inteligencia estadounidense.
Sheinbaum calificó la conducta del exfiscal como "muy irresponsable", argumentando que su negligencia no se limitó únicamente a permitir la entrada y operación de agentes extranjeros en un operativo terrestre, sino que también se extendió a la seguridad del desplazamiento. Según la presidenta, los agentes tomaron una carretera muy sinuosa durante la noche, factor que contribuyó al siniestro vial que terminó en tragedia.
Por su parte, la fiscal general, Ernestina Godoy, aportó detalles adicionales tras la detención de Jáuregui. Godoy afirmó que existe evidencia plenamente establecida, respaldada incluso por información de la fiscalía estatal, de que la participación de los agentes extranjeros en el operativo carecía de cualquier justificación legal. Asimismo, señaló que no existía una cadena de mando que pudiera autorizar tales acciones.
La investigación reveló además que los agentes de la CIA habían acudido en reiteradas ocasiones y sin causa justificada a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación. Esto sugiere un vínculo recurrente y no documentado entre el exfuncionario y los agentes extranjeros.
Finalmente, la fiscalía general resumió que el operativo fue llevado a cabo por la policía y la fiscalía local sin tener las atribuciones legales para ello y sin que se hubiera abierto previamente una carpeta de investigación que sustentara el despliegue. Se aseveró que Jáuregui ocultó deliberadamente esta información, omitiendo su obligación legal de comunicar estas acciones a la Federación. La presidenta concluyó resaltando la importancia de que la Fiscalía de Chihuahua procediera contra quien violó la ley, subrayando que los fiscales son, precisamente, quienes tienen la mayor responsabilidad de procurar la justicia.
