El presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, ha hecho público un anuncio centrado en la revisión jurídica de una cantidad significativa de personas que se encuentran actualmente privadas de libertad. De acuerdo con las declaraciones del mandatario, se ha dispuesto la creación de un equipo de trabajo encargado de analizar minuciosamente los expedientes de aproximadamente 10,000 detenidos, quienes fueron capturados en el marco de la implementación del régimen de excepción en el país.
Sobre la composición de este equipo encargado de la tarea, el presidente Bukele no precisó quiénes son los integrantes ni cuáles son sus perfiles profesionales, limitándose a informar que este grupo se dedicará a evaluar la situación legal y procesal de los detenidos. El criterio principal que regirá esta revisión, según explicó el jefe de Estado, es la identificación de aquellos ciudadanos que, dentro de sus expedientes, presenten evidencias de haber tenido una colaboración mínima o poca colaboración con las estructuras de las pandillas.
En el desarrollo de su anuncio, el mandatario detalló que el objetivo de este proceso de revisión es determinar quiénes cumplen con los requisitos para acceder a beneficios procesales. En este sentido, Bukele señaló que aproximadamente la mitad de este grupo de 10,000 personas podría ser integrada en un plan denominado "Cero Ocio". Este programa tiene como finalidad principal que los beneficiarios puedan reducir el tiempo de su condena, facilitando así que puedan obtener una salida anticipada de los centros penales.
La implementación del plan "Cero Ocio" se presenta, bajo la perspectiva del Gobierno, como una vía para aquellos que no tuvieron un rol preponderante en las actividades criminales de las pandillas. Al analizar los expedientes, el equipo designado buscará separar a quienes tuvieron una participación marginal de aquellos con vínculos más profundos, permitiendo que el 50% de los revisados, en teoría, pueda optar por la reducción de su pena.
Sin embargo, esta medida ha generado diversas reacciones entre los sectores afectados. Algunos familiares de las personas detenidas durante el régimen de excepción han manifestado su descontento y preocupación. Según los testimonios recolectados, existe la percepción de que el presidente Bukele ha dejado fuera de sus consideraciones a quienes ellos definen como personas totalmente inocentes.
Los familiares sostienen que hay un grupo de detenidos que no encajan en la categoría de "poca colaboración", sino que fueron acusados de apoyar a las pandillas únicamente porque fueron víctimas de amenazas. Desde esta perspectiva, el apoyo brindado a dichas organizaciones criminales no fue voluntario, sino una medida de supervivencia forzada por el entorno de violencia. Por esta razón, los allegados a estos detenidos consideran que no deberían ser sujetos de un plan de reducción de condenas como el "Cero Ocio", sino que deberían ser liberados de manera inmediata, basándose en la premisa de que su detención fue injusta y producto de la coacción.
Esta discrepancia pone de relieve la tensión entre los criterios del Ejecutivo y las demandas de las familias. Mientras el Gobierno se enfoca en una revisión de expedientes para otorgar beneficios de salida anticipada a quienes tuvieron poca colaboración, los familiares exigen el reconocimiento total de la inocencia para aquellos que fueron obligados a colaborar bajo amenaza, rechazando que se les asigne cualquier grado de culpabilidad que requiera una reducción de condena en lugar de una libertad plena y urgente.
La noticia, que impacta directamente en la situación carcelaria del país, ha sido reportada desde San Salvador por el periodista Merlin Delcid, quien ha dado seguimiento a las declaraciones oficiales del presidente y a las voces de los familiares que esperan una resolución definitiva sobre la situación jurídica de sus parientes.
