Las organizaciones campesinas de Bolivia han hecho pública una nueva convocatoria a protestas dirigidas contra la gestión del Gobierno encabezado por el presidente Rodrigo Paz. Esta movilización, que busca expresar el descontento de los sectores rurales, tendrá un despliegue geográfico amplio, ya que se ha previsto que las manifestaciones se lleven a cabo de manera simultánea en las capitales de los nueve departamentos del país.
De acuerdo con la planificación detallada por sus dirigentes, este ciclo de protestas no será un evento aislado, sino un proceso escalonado que culminará el próximo 6 de noviembre. La fecha límite de las movilizaciones estará marcada por una acción central: una marcha masiva que partirá desde la localidad de Patacamaya con destino final en la ciudad de La Paz, la sede de gobierno.
La convocatoria oficial ha sido emitida por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, entidad que actúa como el ente aglutinador de las demandas del sector. Feliciano Vegamonte, dirigente de dicha organización, fue el encargado de informar sobre el inicio de estas acciones. Vegamonte subrayó que la decisión de emprender la movilización nacional no fue una determinación unilateral, sino que fue el resultado de un proceso de consulta previa con diversos representantes de las organizaciones campesinas, asegurando así el consenso interno antes del anuncio público.
El núcleo de las demandas de los manifestantes se centra en tres ejes principales. En primer lugar, el sector campesino cuestiona severamente las políticas económicas implementadas por el Gobierno de Rodrigo Paz. Los dirigentes consideran que el rumbo financiero y económico actual no responde a las necesidades de su sector ni a los intereses nacionales.
En segundo lugar, existe un rechazo explícito al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta entidad financiera internacional es vista con recelo por los organizadores de las protestas, quienes vinculan los acuerdos con el FMI a las políticas económicas que hoy ponen en duda.
En tercer lugar, las organizaciones campesinas han manifestado su oposición a la incorporación de Bolivia al denominado Escudo de las Américas. Esta iniciativa, impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es percibida por los dirigentes campesinos como una amenaza a la autonomía del Estado boliviano.
En este contexto de tensión geopolítica, Feliciano Vegamonte lanzó acusaciones directas contra el presidente Rodrigo Paz, afirmando que el mandatario ha entregado la soberanía de Bolivia a los Estados Unidos. Para el dirigente, la adhesión a las iniciativas impulsadas desde Washington no es un simple acuerdo diplomático o de seguridad, sino una cesión de control nacional.
Asimismo, Vegamonte sostuvo que las políticas que Estados Unidos está implementando en América Latina forman parte de lo que él describió como un “segundo Plan Cóndor”. Esta referencia es particularmente cargada de significado político e histórico, ya que el Plan Cóndor original fue el sistema de coordinación represiva que operó en diversas naciones de Sudamérica durante la década de 1970, facilitando la acción de las dictaduras militares de la región en aquel periodo. Al utilizar este término, los dirigentes campesinos sugieren que existe una estructura de control y represión similar que se está intentando reinstaurar en la actualidad.
Finalmente, los organizadores de las movilizaciones han advertido que no se limitarán a las protestas iniciales. Tienen previsto intensificar la frecuencia y la magnitud de las movilizaciones en las próximas semanas, creando un clima de presión creciente antes de que se concrete la marcha definitiva desde Patacamaya hacia la capital boliviana el 6 de noviembre. La estrategia busca generar una visibilidad máxima de sus demandas económicas y soberanas antes de llegar al centro del poder político.
