El sistema de transporte público de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha entrado en una fase de tensión crítica. En un nuevo capítulo de la disputa que mantienen las empresas operadoras y el Gobierno nacional, las cámaras del sector han formalizado una advertencia que hasta ahora se limitaba a las mesas de negociación: si no se alcanza un acuerdo sobre la financiación del servicio, se procederá a una reducción gradual de las frecuencias y la oferta de transporte.
La advertencia fue difundida a través de un comunicado conjunto emitido por cuatro entidades representativas: la Cámara de Empresas Argentinas de Transporte (CEAP), la Cámara de Transportes Urbanos de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara de Transporte Público de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresas de Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (Ceutupba). En el documento, las entidades sostienen que la situación económica y financiera actual pone en riesgo directo la continuidad y la regularidad de los servicios, exigiendo la implementación de medidas urgentes.
Según detallan las cámaras, a pesar de las gestiones y las reiteradas reuniones mantenidas con las autoridades nacionales, aún no se han definido mecanismos concretos que permitan actualizar la estructura de costos ni recomponer los ingresos del sector. Esta falta de una fórmula acordada ha eliminado la previsibilidad necesaria para la operación diaria de las líneas, generando un escenario de incertidumbre financiera.
El punto más crítico del comunicado es la advertencia sobre la prestación del servicio. Las compañías afirmaron que, de no obtener respuestas satisfactorias, se verán obligadas a restringir progresivamente la prestación de los servicios. Esta medida se plantea como una forma de administrar los recursos disponibles para evitar, en última instancia, una paralización total del sistema. Aunque el texto no especifica la fecha de inicio ni los detalles técnicos de estas restricciones, se estima que más de 100 líneas de colectivos se verían afectadas por este recorte gradual.
Para justificar esta postura, las empresas señalaron un agravante ocurrido en los últimos meses: un error en la proyección de la recaudación entre junio y octubre. Según el comunicado, se sobreestimaron los ingresos previstos en 40.000 millones de pesos, un desfasaje que generó un perjuicio económico que, hasta la fecha, no ha sido compensado. A este punto se suman reclamos históricos relacionados con costos que consideran insuficientemente reconocidos, tales como los gastos de gerenciamiento y la adquisición de nuevas unidades. Asimismo, cuestionan los índices de operatividad, argumentando que se penaliza a las empresas por la antigüedad de sus vehículos en un contexto donde las condiciones económicas impiden la renovación del parque móvil.
La presión sobre el sector se intensifica debido al calendario inmediato. Las cámaras mencionaron la proximidad del pago de aguinaldos, el inicio de nuevas negociaciones paritarias y el incremento sostenido de los costos de explotación, todo esto en un marco de ausencia de definiciones claras sobre la política tarifaria y las compensaciones estatales. Las prestadoras aseguran que ya no es posible seguir absorbiendo el desequilibrio entre los costos reales y los ingresos reconocidos.
Para dimensionar el conflicto, el Índice Bondi de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) aporta datos concretos sobre septiembre. El estudio indica que el costo real estimado del sistema fue de 453.495,79 millones de pesos, mientras que las estructuras oficiales solo reconocieron 361.692,50 millones. Esto representa una diferencia de 91.803,29 millones de pesos en un solo mes, monto que impacta directamente en la seguridad, la frecuencia y la calidad del servicio.
En términos individuales, el costo real del boleto sin subsidio se sitúa en 2.494,13 pesos, mientras que la cobertura tarifaria es de apenas el 33,91%. Esto significa que el boleto cubre solo un tercio del costo operativo, dejando un déficit de 456,92 pesos por cada pasajero transportado.
Este panorama se completa con una caída en la demanda y la capacidad operativa. En septiembre, el sistema registró 200,9 millones de pasajeros, lo que representa una baja del 10,88 por ciento respecto a los 225,379 millones del año anterior. Paralelamente, la flota activa descendió a 16.700 unidades, frente a las 17.310 de septiembre de 2025, una caída del 3,52 por ciento.
Finalmente, las cámaras expresaron sus disculpas a los millones de usuarios que podrían verse afectados, aclarando que advierten la situación con anticipación debido a la gravedad del cuadro. Reitera su disposición al diálogo, pero condicionan cualquier avance a que los compromisos asumidos se traduzcan en decisiones concretas que garanticen la continuidad de este servicio público esencial, basado en una estructura de costos realista y reglas previsibles.
