La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) ha revelado datos significativos sobre el monitoreo de flujos monetarios en el país. Durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 2026, la entidad registró un total de 499 reportes de operaciones sospechosas, lo que representa una reducción del 7,9% en comparación con el mismo lapso del año anterior, cuando se contabilizaron 542 alertas.
A pesar de que la cantidad de reportes ha disminuido, el volumen de dinero involucrado en moneda nacional muestra un comportamiento opuesto. Los montos en colones vinculados a estas operaciones sospechosas alcanzaron los ¢30.934 millones, lo que supone un incremento drástico del 172% respecto a los primeros ocho meses de 2025, periodo en el cual las alertas sumaban ¢11.392 millones.
En contraste con la tendencia de la moneda local, el comportamiento de las operaciones en dólares registró un descenso. Los montos asociados a las alertas en esta divisa bajaron de $411,8 millones en 2025 a $328,4 millones en 2026, lo que representa una disminución del 20,3%.
Es fundamental precisar que estos informes forman parte de los mecanismos estándar de prevención de legitimación de capitales. Según las autoridades, la existencia de un reporte de operación sospechosa no implica necesariamente que la transacción constituya un delito, ni significa que se haya comprobado que el origen de los fondos sea ilícito.
Este flujo de información financiera cobra especial relevancia en el contexto actual, donde la legitimación de capitales, también conocida como lavado de dinero, ha captado la atención pública debido a las investigaciones judiciales en curso. Específicamente, el caso denominado "Éxodo" ha puesto el foco sobre el posible uso de recursos provenientes del narcotráfico para el financiamiento de espectáculos masivos.
En el marco de este caso, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público investigan a figuras como el empresario y productor de conciertos Don Stockwell, detenido el pasado 7 de octubre, y al productor Hugo Benavides Barboza, conocido como Hugo Barboza. La hipótesis de los investigadores sugiere que una organización dedicada al tráfico local de drogas, presuntamente liderada por Edwin Vargas García, alias “Sobrino”, habría ingresado parte de sus recursos en diversas actividades comerciales, incluyendo la producción de eventos masivos.
Respecto a estos señalamientos, Don Stockwell ha rechazado las acusaciones, calificando su detención como un “malentendido”. No obstante, el 14 de octubre, la Fiscalía solicitó seis meses de prisión preventiva en su contra durante la audiencia de medidas cautelares celebrada en los tribunales de Goicoechea. Cabe destacar que los cuadros estadísticos publicados por el ICD no identifican a las personas incluidas en los reportes financieros y no permiten establecer un vínculo directo entre las alertas generales y la situación particular de Stockwell.
En cuanto al origen de las alertas, el sector bancario se mantiene como la principal fuente de reportes. Los bancos generaron 308 de los 499 reportes registrados hasta agosto, lo que equivale al 61,7% del total. Asimismo, las entidades bancarias concentran el 97,5% de los montos reportados en dólares.
Las cooperativas se ubican en el segundo lugar en cuanto a cantidad de reportes, registrando un aumento de 36 alertas en el periodo anterior a 42 en el actual. Seguidamente se encuentran los sujetos agrupados bajo los artículos 15 y 15 bis de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, con 25 reportes. Finalmente, las agencias de seguros aportaron 21 alertas.
Para mayor claridad, los artículos mencionados definen sectores específicos: el artículo 15 abarca empresas de transferencias, remesas, cambio de dinero y administración de recursos de terceros; mientras que el artículo 15 bis incluye casinos, negocios inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, ciertos servicios de abogados y contadores en operaciones para clientes, y algunas organizaciones sin fines de lucro bajo condiciones específicas.
Al analizar los datos específicos del mes de agosto, la UIF recibió 58 reportes de operaciones sospechosas, asociados a ¢3.572 millones y $31,7 millones. Durante ese mismo mes, se remitieron 18 reportes a instancias judiciales, vinculados con ¢1.240 millones y $6,3 millones. El boletín del ICD aclaró que estas remisiones incluyen casos tramitados en agosto y otros de periodos anteriores, por lo que no es posible determinar la proporción exacta de alertas de agosto que llegaron a la vía judicial.
Finalmente, las autoridades subrayan que, aunque los datos muestran un alza en los montos reportados en colones, estas cifras describen los sectores que emiten las alertas sin establecer responsabilidad penal de entidades o personas, y no permiten determinar la cantidad total de dinero legitimado en el país ni cuántas de estas alertas culminan en una condena judicial.
