El Gobierno de Donald Trump ha llevado a cabo un registro descrito como inusualmente agresivo en la residencia de la representante Ilhan Omar. Esta acción se enmarca en una investigación federal por presunto fraude migratorio que señala a la congresista por la posible presentación de declaraciones falsas en documentos gubernamentales y una posible conspiración, según han revelado diversas personas familiarizadas con el proceso.
El operativo, realizado el pasado lunes, no estuvo exento de conflictos legales previos. Los fiscales del Departamento de Justicia tuvieron que enfrentar un prolongado intercambio de argumentos con el juez magistrado federal Matthew Sharbaugh, del Tribunal de Distrito de la ciudad de Washington. El juez Sharbaugh terminó limitando la manera en que el Departamento de Justicia podía acceder a los documentos de Omar durante el registro, basando su decisión en la condición de la representante como miembro del Congreso y las protecciones constitucionales que dicho cargo conlleva.
El núcleo de las indagaciones se centra en determinar si la congresista o su padre, quien ya ha fallecido, mintieron sobre la edad de Omar al momento de obtener la ciudadanía estadounidense en el año 2000. Los investigadores buscan esclarecer si se alegó que ella era menor de edad para facilitar el proceso, cuando en realidad ya era adulta. Según fuentes cercanas al caso, Omar emigró a Estados Unidos como refugiada somalí alrededor de los 12 años.
Además de la cuestión de la edad, el Gobierno podría intentar ampliar el alcance de la investigación para cubrir un caso de conspiración más extenso. El objetivo sería determinar si existió un engaño y una falsificación deliberada de información a lo largo de los años por parte de un grupo más amplio de personas. Esta intensificación de las acciones ocurre bajo la convicción del Gobierno de Trump de que Omar reiteró declaraciones falsas en documentos recientes, como solicitudes de pasaporte, lo que motivó la orden de registro.
El momento elegido para el allanamiento ha generado controversia, ya que se produjo a menos a un mes de que concluya la votación del día de las elecciones y mientras Omar busca su reelección como demócrata por el estado de Minnesota. Esta iniciativa federal resulta inusual no solo por el calendario electoral, sino por el intento de acceder a registros de un legislador, una práctica que los republicanos han criticado duramente cuando fue aplicada a administraciones anteriores.
Desde el pasado viernes, se han emitido al menos una docena de citaciones judiciales dirigidas a testigos, en su mayoría familiares de la congresista. No obstante, la investigación enfrenta obstáculos técnicos, ya que los registros gubernamentales en Somalia son notoriamente poco fiables y difíciles de acceder debido a años de conflicto interno y falta de coordinación administrativa.
En el ámbito legal, el Departamento de Justicia abogó por un acceso amplio a los documentos en la vivienda de Omar, sosteniendo que no era necesario mantener los archivos incautados bajo custodia separada. Sin embargo, el juez Sharbaugh rechazó esta postura, indicando que tal medida no era legal y exigió un procedimiento específico para examinar los documentos, protegiendo así la labor legislativa de la representante amparándose en la cláusula de “Discurso o Debate” de la Constitución.
La congresista Ilhan Omar, miembro destacada del grupo progresista "The Squad", ha calificado el registro como un ataque político motivado por el odio. A través de sus redes sociales, Omar afirmó: “Esto es un intento de atacar a enemigos políticos y utilizar a las autoridades federales como arma. Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de difamación. Esta es simplemente la más reciente escalada en su campaña de intimidación política”. Hasta el momento, la representante niega cualquier irregularidad y no ha sido imputada por ningún delito.
Paralelamente, los investigadores analizan una acusación no corroborada sobre si su exmarido, Ahmed Nur Said Elmi, era en realidad su hermano, con el fin de obtener la ciudadanía. Aunque Donald Trump ha repetido este señalamiento, fuentes indican que el plazo de prescripción para cualquier delito relacionado con este hecho habría expirado hace mucho tiempo.
El caso, que fue reabierto en 2025, está siendo dirigido por fiscales de la oficina del fiscal general adjunto y la oficina del fiscal federal en Minneapolis, con la participación de la oficina del secretario de Justicia en Washington. Esta gestión contrasta con la administración de Joe Biden, bajo la cual no se presentaron cargos y el caso no avanzó con la misma intensidad.
La situación se ve complejida por la retórica pública. Figuras como el vicepresidente J. D. Vance, el subsecretario general de la Casa Blanca Stephen Miller y el responsable de fronteras Tom Homan han mencionado el caso públicamente. Homan señaló en septiembre que "nadie está por encima de la ley", independientemente de si es miembro del Congreso, en referencia a posibles infracciones migratorias o fraude matrimonial.
Asimismo, persiste una investigación independiente en la Oficina del Fiscal Federal de Washington sobre posibles irregularidades financieras y de financiación de campañas. Jeanine Pirro, fiscal federal de Washington, confirmó que las declaraciones financieras de Omar, ya revisadas previamente por investigadores de ética de la Cámara de Representantes, también son objeto de análisis.
Finalmente, este caso ha reavivado el debate sobre la politización del Departamento de Justicia. Mientras que el Gobierno de Trump procede con el registro, los republicanos mantienen críticas contra el exfiscal especial Jack Smith por sus métodos en la investigación del 6 de enero. Además, se ha señalado que el Departamento de Justicia ha ignorado la norma habitual de evitar actividades de investigación públicas en los 60 días previos a una elección.
