El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó oficialmente sobre la remisión al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Esta acción marca un paso procesal clave en la intención del Estado venezolano de modificar una normativa que ha estado vigente desde noviembre de 2017.
Según detalló el titular del Poder Legislativo, el envío de la propuesta se realizó a través de una comunicación dirigida a la presidenta del máximo tribunal, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez. Dicha comunicación incluye el proyecto de reforma y su respectiva exposición de motivos, siguiendo estrictamente lo establecido en el artículo 3 de la normativa que regula la vigencia de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente.
El propósito fundamental de esta iniciativa es moderar aquellas sanciones que han sido consideradas desproporcionadas y avanzar hacia la despenalización de determinadas conductas que actualmente se encuentran tipificadas en la ley. De acuerdo con las declaraciones de Jorge Rodríguez, el proyecto ahora debe ser examinado por el Tribunal Supremo de Justicia para que el procedimiento legislativo pueda continuar su curso, permitiendo posteriormente el avance hacia una fase de consulta pública y, finalmente, a una segunda discusión dentro del Parlamento.
La génesis de esta reforma se remonta al pasado 29 de septiembre, fecha en la que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, solicitó a la Asamblea Nacional que se atendiera con carácter de urgencia parlamentaria la modificación parcial de este instrumento jurídico. La solicitud del Ejecutivo Nacional se fundamenta en la necesidad de avanzar en la despenalización de las conductas previstas en el marco normativo actual, como parte de un proceso más amplio de transformación del sistema de justicia penal en el país.
El documento presentado por el Ejecutivo plantea que la modificación de la ley debe orientarse a la apertura de espacios de reencuentro social, el respeto a la diversidad y el posicionamiento de la dignidad humana como eje central de la legislación. Según se desprende de la propuesta, el objetivo es fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado y dinamizar la vida política y social de la nación.
Para ejecutar esta tarea, el pasado lunes 5 de octubre se instaló en el Palacio Federal Legislativo la Comisión Especial para la Reforma Parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Esta comisión está presidida por el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente del Parlamento y representante del PSUV por el estado Miranda. La comisión ha definido una hoja de ruta de trabajo basada primordialmente en el diálogo con diversos sectores sociales.
El diputado Pedro Infante ha señalado que las mesas de debate estarán diseñadas para generar espacios de escucha activa, permitiendo así la incorporación de la sociedad civil en el proceso de reforma. La consulta pública prevista abarcará a diversos actores, incluyendo a víctimas, periodistas y otros sectores que hayan resultado afectados por la aplicación de la legislación vigente.
Uno de los puntos neurálgicos de la revisión técnica se concentra en los artículos que establecen penas de prisión que oscilan entre los diez y veinte años para el delito de instigación al odio. Paralelamente a la revisión de las penas, la comisión técnica ha propuesto modificar la denominación oficial del instrumento jurídico para adaptarlo a los nuevos objetivos de convivencia.
Este proceso responde a un llamado directo del Ejecutivo Nacional para reconsiderar una norma que, en palabras del Gobierno, requiere ajustes debido a haber tenido usos excesivos durante su periodo de vigencia. Para que la reforma sea aprobada definitivamente, el proyecto deberá superar satisfactoriamente la revisión del TSJ, el proceso de consulta pública y la segunda discusión parlamentaria en la Asamblea Nacional.
