El Gobierno Nacional de Colombia, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, ha implementado una nueva medida para la gestión del orden público mediante la firma del decreto 1525 de 2026. Este documento, suscrito el martes 13 de octubre de 2026, establece un marco regulatorio para la protesta social en el país, buscando equilibrar el derecho fundamental a la manifestación con la necesidad de mantener la seguridad ciudadana y la operatividad de la infraestructura pública.
La aplicación de este mecanismo será inmediata. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha manifestado que el Gobierno estrenará estas directrices durante las jornadas de manifestaciones antigubernamentales que han sido convocadas para este miércoles. Esta decisión coloca al nuevo decreto en el centro de la atención pública, justo antes de una movilización que representa una prueba crítica para la administración actual.
El núcleo del decreto 1525 de 2026 propone una jerarquía clara en la intervención de las autoridades. El texto señala explícitamente que, frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación debe considerarse como una regla de preferencia de medios de intervención respecto a la manifestación en su conjunto. En términos generales, la prioridad institucional será buscar una salida negociada y pacífica cuando se trate del grupo manifestante en su totalidad.
Sin embargo, el documento introduce una distinción fundamental para evitar que la mediación se convierta en un impedimento para la aplicación de la ley. El decreto advierte que el diálogo no constituye un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra aquellos ciudadanos que ejecuten actos de violencia. Esta precisión permite a las fuerzas de seguridad actuar de manera inmediata contra infractores específicos sin la necesidad de agotar fases previas de concertación.
En términos más estrictos, la normativa resalta que si desde el inicio de una manifestación se evidencia el uso de armas, el empleo de artefactos incendiarios, agresiones físicas o la retención de personas, la fuerza pública está plenamente facultada para intervenir contra quienes realicen estos actos sin necesidad de agotar las fases de diálogo.
El presidente Abelardo de la Espriella fue enfático al defender esta medida. En declaraciones previas, el mandatario reconoció que la protesta pacífica es una garantía constitucional; no obstante, subrayó que este derecho no autoriza agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia.
Con un tono firme, el jefe de Estado envió un mensaje directo sobre los límites de la protesta: "Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de Transmilenio convertido en trinchera", sentenció. De la Espriella afirmó que agredir a una persona, lanzar objetos para herir, retener a alguien o utilizar a un niño en una protesta no es protesta, sino un delito que será tratado como tal. Asimismo, aseguró que las autoridades actuarán conforme a la ley frente a cualquier hecho delictivo durante la jornada del miércoles.
Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó la medida como un decreto "garantista y democrático". Según Lara, la norma respeta la protesta social, pero establece que no se tolerarán los bloqueos.
Sobre la obstrucción de vías, el decreto 1525 ofrece un matiz específico. Establece que la obstrucción de vías no altera, por sí sola, el carácter pacífico de la manifestación. La disolución de una reunión que presente obstrucción de vías solo podrá ocurrir en situaciones excepcionales, específicamente cuando la perturbación sea grave y sostenida, y siempre que no exista otro medio menos lesivo para los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica. Además, el documento recalca que cualquier intervención deberá regirse estrictamente por el principio del uso mínimo de la fuerza.
Este despliegue normativo ocurre en un momento de tensión política, ya que el presidente de la Espriella cumple poco más de dos meses en el poder. Sindicatos, organizaciones indígenas y otros sectores sociales colombianos preparan la jornada de movilización de este miércoles, la cual se perfila como la primera gran prueba de contestación al Gobierno.
La convocatoria reúne reivindicaciones laborales, educativas y territoriales, pero también expresa el rechazo de organizaciones civiles a las primeras decisiones del Ejecutivo y su preocupación por las iniciativas oficiales destinadas a limitar la protesta social.
