El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella ha hecho pública la expedición de un decreto diseñado para regular la intervención de la Fuerza Pública en el marco de las protestas sociales. La publicación de esta normativa ocurre en un momento político crítico, justo antes de que se lleve a cabo la primera manifestación convocada por la oposición durante el actual mandato, lo que ha generado un intenso debate en el escenario político nacional.
A través de sus redes sociales, el presidente De la Espriella dejó clara la postura oficial del Ejecutivo frente a las movilizaciones. El mandatario enfatizó que, si bien se garantizan todas las condiciones para quienes protestan de manera pacífica, el derecho a la manifestación no puede prevalecer sobre otros derechos fundamentales. "¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz!", afirmó el presidente, quien además aseguró que aquellos que incurran en actos violentos enfrentarán todo el peso de la ley, respetando siempre el debido proceso. Bajo la premisa de que "se acabó la guachafita", el mandatario sostuvo que la protesta se respeta, pero la violencia no será tolerada.
Esta medida ha encontrado respaldo en sectores del Congreso. Honorio Henríquez, representante del Centro Democrático, calificó la normativa como "necesaria" para el mantenimiento del orden. En la misma línea, su colega de partido, Daniel Briceño, argumentó que el decreto tiene como objetivo proteger las manifestaciones pacíficas mientras interviene los casos de vandalismo y abusos. Briceño señaló que los ciudadanos que se manifiesten sin violencia no tienen razón para temer a este decreto, ya que su finalidad es estrictamente el control de actos violentos durante las jornadas de protesta.
Sin embargo, el decreto ha provocado una reacción contraria en diversos sectores de la oposición, quienes cuestionan su legalidad y constitucionalidad. La senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad & Compromiso, señaló que la normativa altera un derecho fundamental, el cual, según su postura, solo podría ser regulado mediante una ley estatutaria y no a través de un decreto ejecutivo. Por su parte, Laura Beltrán y Daniel Monroy, integrantes del Pacto Histórico, anunciaron que interpondrán acciones legales con el objetivo de suspender los efectos del decreto, calificando como arbitraria la ponderación que hace el gobierno entre el derecho a la protesta y los derechos al trabajo y la salud.
Al debate se sumó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), organización que manifestó un rechazo categórico a las nuevas medidas. La CUT argumentó que formas de interrupción comunes en las movilizaciones, como los bloqueos en las vías, constituyen expresiones legítimas de la protesta social y no deben ser catalogadas como actos de violencia. La organización sindical advirtió que el decreto favorece la implementación de métodos represivos, ya que permitiría la intervención policial sin que se agoten previamente las etapas de diálogo. Para sustentar su postura, la CUT citó estándares internacionales de derechos humanos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), poniendo en duda la proporcionalidad de las medidas adoptadas por el gobierno.
En cuanto a los aspectos técnicos y operativos, el decreto establece lineamientos específicos para el proceder de la Fuerza Pública. Una de las medidas principales es la capacidad de individualizar a los manifestantes que incurran en actos de violencia o vandalismo. Asimismo, se obliga a la policía a mantener una distancia mínima de cuatro metros durante las manifestaciones. La normativa autoriza la intervención directa en casos donde se evidencie el porte de armas, la retención de personas o daños a la infraestructura pública y privada. Según el texto oficial, estos procedimientos buscan equilibrar la seguridad, protegiendo tanto a los manifestantes pacíficos como a terceras personas, incluyendo personal médico, periodistas y autoridades.
Finalmente, en el marco de su primera alocución presidencial, el presidente Abelardo de la Espriella brindó una actualización oficial sobre las personas que han muerto y han sido afectadas en el país. Durante su discurso, el mandatario aprovechó para realizar diversos anuncios sobre las acciones que llevará a cabo el gobierno en los próximos días, una vez superada la primera etapa de su gestión.
