La designación de Róger Mariaca como fiscal general del Estado, ocurrida el pasado 21 de octubre de 2024, ha vuelto a situarse en el centro de la polémica pública tras graves acusaciones de irregularidades y presunta corrupción dentro de la Asamblea Legislativa. La exlegisladora Luciana Campero, a través de una columna de opinión publicada este miércoles en el diario EL DEBER bajo el título “MariacaZO: cómo se compró al fiscal general de Bolivia”, denunció que el proceso de elección estuvo marcado por una presunta compra de votos.
De acuerdo con el relato de la exdiputada Campero, la elección de Mariaca, quien obtuvo 115 votos de los 161 asambleístas presentes —superando así los dos tercios requeridos en una segunda votación—, no fue el resultado de un consenso político, sino de pagos efectuados a legisladores. Campero describió una maniobra sofisticada que involucraba el uso de bolígrafos de tinta borrable para engañar a las bancadas y asegurar el resultado.
Según la denuncia, dos diputados de la oposición habrían actuado como operadores, entregando dinero y facilitando estos bolígrafos especiales a sus colegas. El procedimiento consistía en que los legisladores marcaran inicialmente la papeleta a favor del candidato Montellano; posteriormente, tomaban una fotografía del voto como prueba de lealtad para sus respectivas bancadas y, finalmente, borraban la marca para sufragar formalmente por Mariaca y así proceder al cobro del dinero. Es importante señalar que, en su columna, la exlegisladora no identificó nominalmente a los operadores ni presentó pruebas documentales de dichos pagos.
Además de las acusaciones sobre la votación, Campero detalló una serie de presiones políticas relacionadas con un recurso judicial. Afirmó que el 9 de octubre de 2024 presentó en la ciudad de Sucre una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la norma de convocatoria del proceso. Según su testimonio, pocas horas después de presentar el recurso, recibió presiones por parte de dirigentes de Comunidad Ciudadana (CC), quienes habrían llegado a amenazarla con la pérdida de su curul si no retiraba la demanda.
En este contexto, la exdiputada señaló directamente al diputado Carlos Alarcón, asegurando que este le habría transmitido, a través de un dirigente de CC, la promesa de que Mariaca no lograría obtener los dos tercios de los votos necesarios para su designación. Campero sostiene que confió en este compromiso y, por esa razón, decidió retirar su demanda judicial. En consecuencia, la exlegisladora cuestionó la coherencia de Alarcón al exigir posteriormente la salida de un fiscal que, según su perspectiva, él mismo ayudó a elegir.
Por su parte, el diputado Carlos Alarcón respondió a estas acusaciones a través de declaraciones brindadas al medio Correo del Sur, negando categóricamente haber mantenido comunicación con Campero sobre este asunto. Alarcón aseguró que nunca habló con ella, ni de forma directa ni indirecta, ni utilizó intermediarios para convencerla de retirar el recurso judicial.
No obstante, el legislador admitió que el recurso fue analizado junto a Carlos Mesa y otros responsables parlamentarios de Comunidad Ciudadana. Alarcón explicó que la bancada consideraba que la acción judicial era un “disparate”, argumentando que dicha medida podría haber paralizado la totalidad del proceso electoral, lo que habría permitido la permanencia de Juan Lanchipa como fiscal general. Asimismo, sostuvo que acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional implicaba, desde la postura de su bancada, legitimar a magistrados que califican como autoprorrogados.
Alarcón insistió en que la postura de su grupo político fue votar por Montellano, subrayando que su oposición a la interrupción del proceso no buscaba favorecer a Mariaca, sino evitar la continuidad de Lanchipa en el cargo.
Mientras se desarrolla esta controversia política, la situación jurídica de Róger Mariaca es compleja. El fiscal general cumple actualmente detención preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí. Mariaca es investigado por presuntos delitos graves que incluyen organización criminal, tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas. A pesar de su situación legal, el Gobierno ha informado recientemente que, transcurridas dos semanas desde su detención, no existe ninguna solicitud de extradición formal en su contra.
