El exministro de petróleo, Tareck El Aissami, enfrenta un nuevo y complejo escenario legal tras revelarse que estaría siendo objeto de nuevas imputaciones penales. Según informaron fuentes especializadas, el exfuncionario es señalado ahora por los delitos de apropiación o distracción, tráfico ilícito de material estratégico y legitimación de capitales, cargos que se suman a los procesos judiciales que ya pesan sobre él.
De acuerdo con la información difundida por el periodista Eligio Rojas, los fiscales Luis Dueñez y Eddy Ramírez habrían efectuado este martes una nueva imputación contra El Aissami. Una fuente del Sistema de Justicia, citada por Rojas, precisó que los delitos mencionados fueron presuntamente cometidos en el marco de las operaciones de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el ente estatal encargado de coordinar el desarrollo industrial de la región Guayana.
La situación legal del exministro se ve agravada por los detalles revelados por el abogado Zair Mundaray, quien replicó la información y profundizó en los hechos atribuidos al exfuncionario. Mundaray señaló que, en el marco del caso CVG, a El Aissami se le atribuye haber participado en el desmantelamiento de parte de las instalaciones de la empresa SIDOR, las cuales habrían sido vendidas bajo la modalidad de chatarra. El abogado subrayó que este caso no involucra únicamente al exministro, indicando que "ahí falta gente" y que existen muchos otros posibles acusados.
Mundaray explicó que el proceso judicial relacionado con la directiva de la CVG culminó el mes pasado, resultando en la condena de todos los implicados por corrupción y otros delitos. Según la acusación, la trama operó entre los años 2018 y 2022 a través de la Corporación Venezolana de Guayana y SIDOR C.A. El esquema consistía en la firma de contratos y alianzas con empresas internacionales para la adjudicación de buques cargados con material estratégico.
El mecanismo financiero de esta presunta red era detallado: el 40% de los recursos se asignaba a la empresa compradora, mientras que el 60% restante correspondía a la CVG. Sin embargo, el flujo del dinero no seguía los cauces legales, ejecutándose erogaciones mediante órdenes de pago a favor de empresas internacionales que, según la acusación, eran "empresas de maletín" manejadas por venezolanos. A través de este sistema, se articulaba el pago de comisiones a diversos funcionarios de la corporación.
Uno de los puntos más críticos de la acusación se refiere al desmontaje irregular de las líneas de producción 3 y 4 de CVG-Venalum. El objetivo de esta operación habría sido refundir el busbar y puentes en los hornos de recepción de metal en la sala de colados, para posteriormente solidificar el material en lingotes de 22 kilogramos. El abogado Mundaray destacó que este procedimiento se realizó sin cumplir con el proceso de desincorporación de bienes públicos establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Bienes Públicos.
Esta operación irregular fue presuntamente avalada por Tareck El Aissami mediante el "Punto de Cuenta Número 002", fechado el 28 de enero de 2021. Dicho documento, denominado “Aprobación del Inicio de la Adecuación Tecnológica de Celdas de Reducción Electrolítica de 500 KAMP, en CVG Industria de Aluminio, C.A. (CVG-Venalum) Empresa tutelada por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el marco del plan de destitución de importaciones”, incluía la desincorporación del área de reducción de complejos II (línea II y IV) y el área de servicios.
El resultado de este desmontaje ordenado, según las fuentes citadas, produjo una pérdida económica estimada en cerca de 85 millones de dólares. Tras la conclusión del juicio contra la directiva de la CVG, las autoridades han procedido a solicitar la imputación de El Aissami por estos nuevos cargos, lo que, en palabras de Mundaray, complica significativamente su situación jurídica actual.
