El Gobierno ha implementado una nueva normativa que modifica las reglas de intervención policial durante las manifestaciones públicas, generando una fuerte controversia en el ámbito legislativo. Entre las disposiciones más destacadas de la norma, se establece la obligación de contar con el acompañamiento constante de un dispositivo de la Policía Nacional, el cual deberá ubicarse a una distancia mínima de cuatro metros respecto a los manifestantes.
El texto normativo subraya que, si bien se debe privilegiar el diálogo y la mediación como una regla de preferencia general para el desarrollo de las manifestaciones, esta directriz no condiciona ni pospone las intervenciones policiales individuales. Específicamente, las fuerzas del orden están facultadas para actuar contra personas que cometan actos de violencia física desde el inicio de la concentración, dejando claro que la preferencia por el diálogo no es un impedimento para la acción policial ante agresiones físicas.
Asimismo, el decreto otorga a las autoridades la capacidad de evaluar diversas variables para determinar la procedencia de una intervención policial en casos de bloqueos viales o la ocupación prolongada de los accesos a instalaciones productivas. Para tomar esta decisión, las autoridades deberán analizar criterios específicos como el tiempo transcurrido durante el bloqueo, el impacto generado en la prestación de servicios esenciales, la existencia de vías alternas para la movilidad y la afectación causada a terceros.
Estas medidas han provocado la reacción inmediata de la senadora Jennifer Pedraza, quien ha deplorado el contenido del decreto, calificándolo como una medida regresiva e inconstitucional. La legisladora fundamentó su postura argumentando que la facultad de fijar los casos en los que se limita el derecho a la protesta recae exclusivamente en el Congreso, mediante la expedición de una ley estatutaria. Según Pedraza, el hecho de intentar limitar este derecho a través de un decreto debilita la movilización social y vulnera la división de poderes en el Estado.
La senadora recordó que el Decreto 003 de 2021, el cual es modificado ahora por el Ejecutivo, tuvo su origen en una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia como respuesta a los excesos cometidos por la fuerza pública en el pasado. En este sentido, Pedraza remarcó que el Gobierno ha procedido a cambiar esta norma tras una consulta que duró apenas una semana y sin realizar la convocatoria a la Mesa Nacional de Garantías, lo que sugiere una falta de consenso y deliberación profunda.
En sus declaraciones, la senadora señaló que el nuevo decreto degrada la naturaleza del diálogo, convirtiéndolo en una simple «preferencia» que permite a las autoridades saltarse este paso, así como la mediación, incluso en situaciones donde no se haya presentado violencia. Pedraza advirtió que esta estructura normativa abre la puerta a la disolución de protestas pacíficas basándose únicamente en la existencia de bloqueos, lo cual define, a su juicio, como un retroceso en materia de derechos civiles.
Adicionalmente, la legisladora planteó una distinción fundamental sobre la naturaleza de la movilización social, argumentando que la protesta es pacífica, pero que inherentemente posee un carácter disruptivo. En este sentido, afirmó que bloquear una vía no constituye un delito por sí solo. Criticó que el Gobierno justifique estas intervenciones basándose en cifras gremiales que la propia administración reconoce como no verificadas. Para la senadora, el debilitamiento de los contrapesos institucionales convierte a la protesta pacífica en la herramienta esencial para defender otros derechos fundamentales, tales como la libre asociación, la educación, la autonomía y la consulta previa.
La firma de este decreto ocurre en un momento de alta tensión política, ya que se dio a menos de 12 horas de una movilización masiva convocada por centrales obreras, el partido Pacto Histórico y diversos gremios estudiantiles. Esta concentración tiene como objetivo expresar el rechazo a las medidas adoptadas por la administración de De la Espriella y reclamar que se mantengan las reformas sociales que fueron logradas durante el mandato de Gustavo Petro en el periodo 2022-2026.
