El exministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, enfrenta un endurecimiento de su situación jurídica tras una nueva imputación realizada por el Ministerio Público. El pasado martes 13 de octubre, los fiscales Luis Dueñez y Eddy Ramírez efectuaron nuevos cargos contra el exfuncionario, quien se encuentra detenido desde abril de 2024. Según la información difundida por el periodista Eligio Rojas a través de su cuenta en X, basándose en una fuente anónima del sistema de justicia, El Aissami ha sido imputado por los delitos de apropiación o distracción, tráfico ilícito de material estratégico y legitimación de capitales.
Estas nuevas acusaciones estarían vinculadas a presuntas irregularidades cometidas por el exministro en la Corporación Venezolana de Guyana. Este proceso se suma a la causa principal por la cual permanece recluido: el caso conocido como «Pdvsa-Cripto». En dicha trama, se le acusa de liderar una red de corrupción destinada al desfalco del Estado venezolano, la cual habría operado mediante la venta de petróleo de la estatal Pdvsa por parte de altos funcionarios y particulares, desviando posteriormente las divisas obtenidas a través de criptoactivos.
La magnitud económica del caso Pdvsa-Cripto presenta discrepancias significativas en las cifras manejadas. Mientras que las estimaciones generales sugieren un desfalco multimillonario que supera los 23.000 millones de dólares, la acusación formal presentada por la fiscalía se centra en un monto de 5.550 millones de dólares. El proceso judicial está bajo la dirección de la jueza Alejandra Romero Castillo.
En cuanto al estado procesal de los implicados, la causa Pdvsa-Cripto contaba inicialmente con 64 personas acusadas. De este grupo, cinco personas fallecieron mientras se encontraban encarceladas y una permanece fugada, dejando un total de 58 personas que deben comparecer en cada audiencia. Hasta el momento, al menos 20 de los acusados han rendido su declaración ante la jueza Romero; quedan pendientes los testimonios de otras ocho personas por primera vez, además de aquellos acusados que han solicitado ampliar sus declaraciones iniciales antes de que se proceda a la evacuación y revisión de las pruebas.
Paralelamente al avance de las imputaciones, la defensa de Tareck El Aissami ha denunciado graves irregularidades procesales y vulneraciones a los derechos humanos. El pasado 11 de septiembre, sus abogados denunciaron lo que calificaron como una «desaparición forzada». A través de un video, la abogada Mercedes Berthé informó que desconocían la ubicación exacta de su defendido desde el 29 de agosto. Esta situación se originó cuando la esposa del exministro acudió a visitarlo al centro penitenciario El Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, donde se le notificó que las visitas estaban suspendidas sin que se brindaran mayores explicaciones al respecto.
El desarrollo del caso Pdvsa-Cripto ha estado marcado por una serie de obstáculos operativos y jurídicos. Se han reportado constantes suspensiones, retrasos y diferimientos de las audiencias, atribuidos a fallas logísticas en el traslado de los detenidos, tensiones relacionadas con la implementación de audiencias telemáticas y denuncias sobre irregularidades en el debido proceso.
En el plano internacional, la situación de El Aissami podría dar un giro significativo. De acuerdo con reportes de Bloomberg, el exministro de Petróleo, junto al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maiker Moreno, figuran entre los funcionarios venezolanos que podrían ser trasladados a Estados Unidos para enfrentar la justicia de ese país. Este escenario cobra fuerza tras el traslado el pasado 11 de octubre del empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, quien estaba detenido en Venezuela desde 2023 y fue entregado a las autoridades estadounidenses para responder por cargos de lavado de dinero y presuntos sobornos.
Tareck El Aissami ha sido una figura central en el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, habiendo desempeñado roles de alta jerarquía como ministro de Interior, vicepresidente ejecutivo y ministro de Petróleo. Su salida del cargo ocurrió en 2023, luego del inicio de las investigaciones por corrupción en Pdvsa. Cabe destacar que Estados Unidos ya lo había señalado previamente en acusaciones vinculadas al narcotráfico y a presuntas violaciones de las sanciones impuestas contra el país.
