Este miércoles 14 de octubre, Colombia vive una jornada de movilización nacional con marchas convocadas en diversas ciudades del país. Las concentraciones, que representan la primera movilización de la oposición durante el actual mandato, iniciaron a partir de las 9:00 de la mañana, generando ya los primeros focos de alteraciones al orden público, particularmente en la capital del país.
En Bogotá, la situación se tornó tensa en las inmediaciones de la Universidad Distrital. En este sector, personas encapuchadas procedieron a bloquear la avenida Circunvalar utilizando canecas de basura, lo que desencadenó enfrentamientos directos con integrantes de la Policía Nacional. Durante estos disturbios, se reportó el lanzamiento de papas bomba y bombas molotov, hechos que obligaron al cierre temporal de la vía. Esta situación tuvo un impacto inmediato en la movilidad urbana, afectando las rutas zonales y alimentadoras de TransMilenio, las cuales debieron implementar desvíos para continuar su operación.
Para el resto de la jornada en Bogotá, la programación establece que la marcha principal inicie a las 9:30 de la mañana en el Parque Nacional. Desde este punto, los manifestantes avanzarán hacia la Plaza de Bolívar. Se prevé que esta movilización afecte corredores viales críticos del centro de la ciudad, tales como la carrera Séptima, la carrera Décima y la calle 26.
En Medellín, la agenda de movilización está prevista para iniciar a las 10:00 de la mañana. Los puntos de encuentro establecidos son la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), la Universidad de Antioquia y el centro comercial Aventura. El recorrido planificado para los manifestantes contempla la salida por la carrera 43 (Girardot), siguiendo luego por La Playa y la avenida Oriental en dirección al sur, hasta alcanzar la calle San Juan, para finalizar la marcha en la Plaza de las Luces, frente a La Alpujarra.
Además de Bogotá y Medellín, se han registrado convocatorias activas en otras ciudades principales como Cali, Barranquilla, Ibagué, Bucaramanga y Armenia, extendiendo el alcance de la protesta a nivel nacional.
Este escenario de movilización coincide con la entrada en vigor de un nuevo decreto que regula la actuación de la Fuerza Pública durante las protestas sociales. Esta norma modifica las reglas establecidas desde el año 2021 y otorga la posibilidad de intervenir ante hechos violentos sin la obligatoriedad de agotar previamente todas las etapas de diálogo y mediación. Desde el Gobierno se argumenta que estos cambios son necesarios para responder con celeridad a situaciones que pongan en riesgo la seguridad, los derechos de terceros o la infraestructura pública.
En relación con estas medidas, el presidente Abelardo De la Espriella anunció, durante una alocución transmitida por cadena nacional el pasado lunes 12 de octubre, la firma de un decreto destinado a prohibir los bloqueos permanentes de vías públicas como método de protesta. El mandatario fue enfático al declarar: “Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de TransMilenio convertido en trinchera”.
De la Espriella explicó que la medida tiene un doble propósito. Por un lado, aseguró que no se está limitando el derecho de quienes protestan en paz, subrayando que el diálogo sigue siendo la regla y que la Fuerza Pública no intervendrá contra quienes marchen sin agredir. Por otro lado, busca blindar el espacio público frente a quienes destruyen, señalando que durante años se permitió que los bloqueos afectaran la distribución de alimentos, medicinas, la vida y el trabajo, algo que, según sus palabras, se llamó erróneamente "derecho". El presidente también advirtió que no tolerará la violencia de quienes calificó como “instigadores de la maldad”.
Estas decisiones gubernamentales han generado una fuerte reacción en el Congreso de la República. El partido Pacto Histórico manifestó que las organizaciones sociales están alertadas sobre los riesgos del decreto, recordando que la protesta pacífica es un derecho constitucional y no una concesión del poder. Gabriel Becerra, representante a la Cámara de dicho partido, denunció que el Gobierno de Abelardo De la Espriella está implementando medidas autoritarias y recortes, asegurando que ejercerá su derecho a la protesta en las calles para defender las conquistas populares.
En una línea similar, el ex precandidato presidencial Camilo Romero calificó el talante del mandatario como el de un "dictadorzuelo", acusándolo de violentar anticipadamente la movilización del 14 de octubre. Romero señaló una contradicción en el discurso presidencial, afirmando que mientras el presidente reconoce la garantía constitucional de la protesta, simultáneamente amenaza con decretos y tacha a los promotores de la expresión ciudadana de querer desestabilizar el gobierno, calificando estas acciones como "falsedad y tiranía".
Desde el sector opositor al Pacto Histórico, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Daniel Briceño, defendió la postura del Ejecutivo. Briceño sostuvo que la izquierda miente al afirmar que el presidente y el ministro Rodrigo Lara buscan acabar con el derecho a la protesta. Según el congresista, el proyecto de decreto simplemente actualiza el protocolo de intervención para proteger la protesta pacífica, salvaguardar los derechos de los ciudadanos y establecer reglas claras para la aplicación del diálogo.
