La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, formalizó este miércoles la firma de un decreto orientado a fortalecer la protección de las niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales. Esta medida normativa establece obligaciones estrictas para las plataformas tecnológicas, las cuales deberán identificar y eliminar activamente contenidos que promuevan la violencia, el abuso y la explotación sexual, así como el ciberacoso, el suicidio, las autolesiones y diversos peligros que pongan en riesgo la integridad de la infancia.
De acuerdo con la información proporcionada por Luisa María Alcalde Luján, asesora legal de la Presidencia, las empresas tecnológicas dispondrán de un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para documentar y reportar detalladamente las medidas que han adoptado para cumplir con estas nuevas exigencias. La responsabilidad de supervisar que dichas plataformas acaten la normativa recaerá en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, organismo encargado de vigilar el cumplimiento de los lineamientos establecidos.
El sustento legal de este decreto se encuentra en el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este marco legal define la responsabilidad del Estado mexicano en garantizar que el acceso y el uso de Internet sean seguros para la población menor de edad, enfocándose primordialmente en la prevención y atención del ciberacoso y cualquier otra manifestación de violencia que pueda afectar a los menores en el espacio digital.
En cuanto a las restricciones operativas, la normativa prohíbe explícitamente que las plataformas permitan el acceso, la exposición o la promoción de contenidos que fomenten discursos de odio o extremismo violento. Asimismo, se incluye la prohibición de material relacionado con el abuso y la explotación sexual, la promoción del suicidio, las autolesiones intencionadas y los trastornos alimentarios. El decreto también abarca la lucha contra la violencia escolar, el acoso, el ciberacoso, la promoción de conductas ilegales y la difusión de material sexual explícito.
Más allá de la eliminación de contenidos, el decreto impone requerimientos técnicos y operativos a las empresas. Las plataformas deberán implementar sistemas de clasificación de contenidos basados en la edad y establecer mecanismos efectivos para verificar la edad de sus usuarios. Adicionalmente, deberán ofrecer herramientas de supervisión diseñadas para padres y tutores, habilitar canales claros para reportar contenido riesgoso y asegurar que las configuraciones de privacidad y seguridad se mantengan activas por defecto para los menores.
El decreto también establece un marco de colaboración obligatoria con las autoridades gubernamentales. Las plataformas deberán crear un punto de contacto específico para atender solicitudes de información, comprometiéndose a la preservación y entrega de evidencia relevante cuando sea requerido. Además, tendrán la obligación de notificar a las autoridades inmediatamente al detectar contenidos que representen un riesgo inminente para la vida de una persona.
Respecto a la aplicación de la norma, Luisa María Alcalde Luján enfatizó que el decreto es de carácter obligatorio. No obstante, aclaró que el documento actual no prevé sanciones directas para aquellas plataformas que no cumplan con lo dispuesto. Sobre este punto, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que, si se observa que las medidas no se están implementando correctamente, el gobierno procederá a legislar en la materia, lo cual podría conllevar la implementación de sanciones legales y económicas para las plataformas.
Como parte de la estrategia de implementación, la funcionaria mencionó que representantes de las principales compañías tecnológicas, incluyendo a Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google y X, sostuvieron reuniones con el gobierno federal. El objetivo de estos encuentros fue que las empresas se familiarizaran con el contenido del decreto y coordinaran su ejecución técnica y operativa.
Finalmente, la estrategia de protección digital no se limita a la regulación de las plataformas. El decreto contempla acciones transversales con las secretarías de Educación Pública y de Salud. Estas instituciones se encargarán de difundir información sobre salud mental y el uso responsable de las redes sociales, además de ofrecer orientación y apoyo psicológico especializado a través de la Línea de la Vida.
