La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció este miércoles la implementación de una estrategia de seguridad denominada “ofensiva total” para combatir la ola de criminalidad que afecta al país. La medida central de este plan consiste en la creación de un comando unificado que integrará las capacidades y recursos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de articular una respuesta contundente frente al delito.
El anuncio fue realizado durante una sesión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cocedena), llevada a cabo en el cuartel general del Ejército. Durante su intervención, la mandataria enfatizó la determinación del Gobierno para dejar atrás la postura reactiva y pasar a una fase de acción directa. “Ya no vamos a esperar. Somos nosotros los que vamos a enfrentar al crimen con toda la fuerza legítima del Estado”, sentenció la jefa de Estado.
Para operativizar esta estrategia, la presidenta explicó que el nuevo comando unificado dispondrá de un centro de control y operaciones. Desde este núcleo estratégico se dirigirán todas las acciones tácticas y operativas contra las organizaciones criminales, permitiendo una coordinación en tiempo real entre las distintas fuerzas del orden.
Como complemento a esta estructura, el Ejecutivo informó la conformación de un grupo especial de élite. Este equipo estará integrado por efectivos seleccionados tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, cuya misión principal será la ejecución de operaciones focalizadas de búsqueda y captura. Al respecto, Fujimori señaló que el Estado buscará el factor sorpresa en sus intervenciones: “Vamos a aparecer donde menos se lo imaginen para realizar operativos de búsqueda y capturas inmediatas”, afirmó.
Otro de los ejes fundamentales de esta ofensiva es el restablecimiento del orden en el sistema penitenciario. La presidenta detalló que se implementarán medidas estrictas para recuperar el control total de los centros penitenciarios. El objetivo es aislar y incomunicar a aquellos internos que, a pesar de estar privados de su libertad, continúan dirigiendo actividades delictivas y coordinando ataques desde el interior de las cárceles.
En el ámbito administrativo y de inteligencia, el Gobierno creará una Comisión Especial de Lucha contra la Criminalidad. Esta instancia tendrá la responsabilidad de coordinar las acciones entre diversos ministerios e instituciones clave. La comisión integrará el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y las empresas privadas de telecomunicaciones, buscando unificar el flujo de información para desarticular las redes criminales.
En relación a la seguridad ciudadana y la migración, la mandataria aseguró que su administración acelerará los procesos de expulsión de ciudadanos extranjeros que hayan cometido delitos en territorio peruano. Fujimori fue enfática al señalar que se buscará realizar estas expulsiones en “tiempo récord” para aquellos que hayan llegado al país con el fin de romper la ley y atacar a los peruanos. Asimismo, hizo un llamado directo al sistema de justicia para que sus resoluciones se den con “celeridad y mucha firmeza”.
Hacia el cierre de su discurso, la presidenta se dirigió a los miembros de las Fuerzas Armadas, agradeciéndoles su disposición y compromiso. Destacó que portar el uniforme militar implica un compromiso permanente con la vida y la seguridad de los compatriotas. Con un tono reflexivo, concluyó que los tiempos de espera y paciencia han terminado, instando a que Dios y el pueblo juzguen las acciones del Gobierno y no las omisiones.
Finalmente, se informó que la presidenta Keiko Fujimori viajará a El Salvador del 28 al 31 de octubre. El propósito del viaje es reunirse con el presidente Nayib Bukele, cuya estrategia de combate contra las pandillas ha sido elogiada por la mandataria y planteada como una referencia para la implementación de las medidas de seguridad en el Perú. La agenda oficial contempla un encuentro privado entre los jefes de Estado, seguido de una reunión ampliada con la participación de los ministros de ambos gabinetes.
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