El Gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han anunciado la puesta en marcha del Plan Operacional “Ley y Orden”. Este jueves 8 de octubre de 2026, a las 16 horas, se llevará a cabo un acto formal en la sede del Ministerio de Seguridad con el objetivo central de coordinar el traslado de la población penal que actualmente reside en la cárcel de Villa Devoto hacia el complejo penitenciario federal de Marcos Paz.
La ceremonia contará con la participación de figuras clave de ambas administraciones. Entre los asistentes confirmados se encuentran Karina Milei, Diego Santilli, Alejandra Monteoliva, Juan Bautista Mahiques, Jorge Macri y Horacio Giménez. El núcleo del evento será la firma de un convenio mediante el cual la Ciudad de Buenos Aires formaliza la entrega a la Nación de un establecimiento carcelario que fue construido por el gobierno porteño en la localidad de Marcos Paz.
Este nuevo predio ha sido diseñado para albergar a aproximadamente 2.240 internos. Para garantizar que la infraestructura sea apta y segura para el alojamiento masivo, la semana pasada se culminó la primera fase de prueba funcional de las instalaciones. Este paso técnico resulta indispensable y obligatorio antes de que se pueda habilitar el traslado definitivo de la población penal fuera del ámbito de la Capital Federal.
En cuanto al marco legal y organizativo, el operativo conjunto ha sido normado a través de la Resolución 1018/2026, emitida por la cartera de Seguridad. La ejecución del plan estará bajo la tutela de un Comando Unificado, cuya conducción recaerá en el director nacional del Servicio Penitenciario Federal. El despliegue de seguridad será exhaustivo y contará con la colaboración de diversas fuerzas federales, incluyendo a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de la participación coordinada de representantes de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires.
La complejidad del traslado ha llevado a las autoridades a diseñar una estrategia de seguridad rigurosa. El plan contempla la implementación de mecanismos de alerta temprana y protocolos de respuesta inmediata ante cualquier incidente que pudiera surgir durante el proceso. Asimismo, se ha realizado un análisis detallado de los recorridos logísticos con el fin de minimizar riesgos y prevenir situaciones críticas, tales como fugas, motines o posibles ataques externos contra los convoyes de traslado.
Respecto a los plazos, el Gobierno ha aclarado que el proceso de mudanza no tiene una fecha de finalización cerrada. La ejecución se llevará a cabo de forma progresiva, evaluando estrictamente el perfil criminológico de cada uno de los alojados. Para establecer una expectativa temporal realista, las autoridades han tomado como referencia el proceso de desocupación de la ex cárcel de Caseros, una operación que demandó un tiempo comprendido entre los seis meses y el año y medio.
Un aspecto relevante de la logística es la superposición temporal con otro evento de gran magnitud: la visita del papa León XIV al país. A pesar de que el recibimiento del Sumo Pontífice requiere una cantidad masiva de recursos de seguridad y despliegue operativo, la planificación oficial ha ratificado que el traslado de los internos continuará por etapas. De esta manera, se busca avanzar sostenidamente hacia el cierre definitivo del histórico penal de Devoto sin comprometer la seguridad prevista para la visita papal.
Finalmente, este anuncio se produce en un contexto de tensión política. El Gobierno nacional busca, mediante el lanzamiento de este plan, desactivar la sesión convocada por la oposición para el próximo jueves 15 de octubre. En dicha jornada, los bloques opositores pretenden intentar el rechazo al DNU 70/2023, tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y abordar diversas medidas vinculadas al endeudamiento.
