El ministro del Interior, César Astudillo, ha manifestado la urgente necesidad de llevar a cabo una actualización del marco legal vigente con el objetivo de enfrentar la criminalidad de manera más eficaz. Esta declaración se produjo en un contexto donde el titular del Ministerio del Interior (Mininter) advirtió que las organizaciones criminales han evolucionado, modificando sus métodos y adoptando nuevas estrategias diseñadas específicamente para evadir la acción de la justicia y asegurar la impunidad de sus integrantes.
Durante una presentación oficial de resultados policiales, el ministro Astudillo enfatizó que el escenario delictivo ha sufrido una transformación significativa. Según el funcionario, la criminalidad ha "mutado", mientras que las leyes que regulan la persecución del delito se mantienen sin cambios, generando un desfase que favorece a los delincuentes. Esta brecha legislativa permitiría que las bandas criminales operen con mayor soltura al conocer las limitaciones del sistema jurídico actual.
Uno de los puntos más críticos señalados por el ministro es la modalidad recurrente de utilizar a menores de edad para la ejecución de delitos graves. Astudillo explicó que las organizaciones criminales están recurriendo a adolescentes y niños para cometer homicidios por sicariato, aprovechando la condición de inimputabilidad que otorga la ley a los menores de edad. Esta estrategia, según el ministro, es una herramienta deliberada para garantizar que los ejecutores materiales de los crímenes no enfrenten las mismas consecuencias penales que un adulto.
En relación a este problema, el titular del Mininter fue enfático al señalar que esta práctica no se limita únicamente al sicariato, sino que se extiende a otras modalidades delictivas. "Sabemos que los extorsionadores utilizan a menores de edad para garantizar la impunidad del delito. Entonces, es momento de cambiar esas leyes para mejorar el país", afirmó Astudillo, subrayando la importancia de adaptar la normativa para evitar que la edad sea un escudo protector para quienes participan en actividades criminales organizadas.
En el marco de la misma presentación, se dieron a conocer los resultados de diversos operativos policiales que evidencian la complejidad de las amenazas actuales. El general PNP Julio Becerra, director de Cibercrimen de la Policía Nacional del Perú (PNP), informó sobre la detención de un ciudadano venezolano de 44 años, identificado con el alias de 'Chamo'. Este individuo se encuentra involucrado en el presunto delito de pornografía infantil, lo que resalta la lucha de las fuerzas del orden contra los delitos cometidos a través de medios digitales.
Asimismo, la situación expuesta por el ministro sobre la participación de menores en crímenes violentos quedó reflejada en los operativos reportados por el general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial Callao. El alto mando policial informó sobre la intervención realizada el pasado fin de semana, en la cual fueron detenidos dos menores de edad, de 13 y 17 años. Se presume que ambos habrían participado activamente en un ataque a balazos que resultó en la muerte de un conductor de combi en la zona del Callao, validando la preocupación expresada por el ministro Astudillo sobre el uso de jóvenes en el sicariato.
Por otro lado, la lucha contra la criminalidad transnacional también fue destacada durante la jornada. El coronel PNP Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, detalló la captura de Juan Alejandro Galeano, un ciudadano colombiano. Galeano contaba con una notificación roja de Interpol, siendo buscado por el presunto delito de homicidio agravado y otros delitos relacionados con el uso de armas de fuego.
En el transcurso de esta misma intervención, las fuerzas policiales lograron la captura de Damián José Joaquim Martin, conocido bajo el alias de 'Franchua'. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirincri, Martin sería un integrante de la organización criminal denominada 'Los Reclutas del Crimen II', lo que demuestra el despliegue policial para desarticular células de bandas organizadas que operan en el territorio.
Con estos resultados y declaraciones, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, deja clara su postura sobre la necesidad de una reforma legal que permita a las autoridades policiales y judiciales combatir una criminalidad que se adapta constantemente para burlar la ley.
