:format(jpg):quality(99):watermark(f.elconfidencial.com/file/65c/43d/0ca/65c43d0ca5dbd5ff8f19b44167343db9.png,0,275,1)/f.elconfidencial.com/original/bdd/4a1/766/bdd4a1766ee37f48f10b8184c71ea9fb.jpg)
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha lanzado una advertencia sobre la integridad del censo electoral para las próximas elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre. Según el dirigente socialista, el proceso se verá "alterado" si el Tribunal Supremo no procede a levantar las medidas cautelares que, en este momento, impiden que aproximadamente 400.000 ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Esta situación afecta específicamente a aquellas personas que han obtenido la nacionalidad española bajo el amparo de la denominada "ley de nietos", una disposición adicional de la ley de Memoria Democrática.
Durante la clausura de las jornadas "Letras en Sevilla", celebradas en la Fundación Cajasol y organizadas por el escritor Arturo Pérez Reverte y el periodista Jesús Vigorra, Bolaños defendió que es "de justicia" que el Alto Tribunal permita la inscripción de estos ciudadanos en el censo electoral. El ministro subrayó que esta postura no es solo una visión gubernamental, sino que ha sido reclamada formalmente por la Abogacía del Estado. "Si no se levanta la cautelar del Supremo y esa gente no puede votar, habrá 400.000 españoles privados del derecho a voto", denunció el titular de Justicia.
Para reforzar su argumento, el político madrileño señaló que existen ciudadanos que ya han participado en otros procesos electorales, como las generales de 2023 o el último ciclo autonómico, basándose en esta misma norma. Bolaños argumentó que la instrucción judicial ya ha estado vigente durante cuatro años sin que se produjeran objeciones significativas, añadiendo que "durante cuatro años nadie ha dicho ni pío". En este sentido, calificó de "bulo" las afirmaciones que sugieren que el PSOE busca ejecutar un "gran pucherazo" electoral. Asimismo, recordó que la concesión de la nacionalidad a los descendientes de exiliados entre 1939 y 1955 fue un punto de consenso entre el PSOE y el Partido Popular, haciendo referencia a declaraciones previas de Alberto Núñez Feijóo.
La controversia actual surge a raíz del volumen masivo de solicitudes recibidas en los consulados y de la instrucción elaborada por Sofía Puente. Bolaños explicó que dicha instrucción presume que quienes abandonaron España en el periodo mencionado lo hicieron por motivos "políticos y económicos", debido a la dificultad técnica de acreditar los motivos exactos del exilio por la falta de documentación. El ministro justificó esta presunción señalando que no es habitual que los exiliados conservaran carnets de partidos como el Socialista o el Comunista, pues "salían con lo puesto".
En otro orden de cosas, el ministro fue tajante al abordar la reforma de la Ley de Educación y la enmienda impulsada por Sumar. Aseguró que no será posible su aprobación en la Diputación Permanente una vez que las Cortes sean disueltas. La única vía viable, según Bolaños, sería que el Gobierno aprobara un decreto ley en el Consejo de Ministros para su posterior convalidación por el organismo que sustituye al Congreso durante los periodos inhábiles o electorales.
En una conversación con el periodista Juanma Lamet sobre la situación electoral, Bolaños se mostró optimista a pesar de que las encuestas no favorezcan a su formación. Bromeando sobre la sorpresa del 23-J, afirmó: "Descansen en paz las encuestas de 2023", asegurando que existe un "alto porcentaje de posibilidades" de que el PSOE resulte ganador y logre revalidar el Gobierno, siempre y cuando toda la izquierda sea "competitiva".
Finalmente, el ministro abordó el debate sobre las políticas de vivienda. Defendió la ley de Vivienda de 2022, aunque admitió que no se aplica en gran parte del territorio nacional debido a que es una competencia autonómica y el PP ha decidido no desplegarla. Bolaños explicó que el Gobierno intentó solventar esto mediante dos decretos que fueron posteriormente tumbados en el Congreso por PP, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro. Fue precisamente esta derrota parlamentaria la que motivó a Pedro Sánchez a adelantar los comicios al 29 de noviembre. Respecto al fallecimiento de Maricarmen Abascal, símbolo de la crisis inmobiliaria, Bolaños pidió cautela y solicitó dejar su muerte fuera del debate político, asegurando que cualquier político, independientemente de su ideología, coincidiría en que situaciones como la suya no pueden repetirse.
