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Fallece Maricarmen, la mujer de 87 años que se convirtió en el símbolo de la crisis de vivienda en España

“Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste”. Con esa consigna se despidió el Sindicato de Inquilinas de Madrid de María del Carmen “Maricarmen” Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio puso rostro a la crisis de vivienda que atraviesa España y que, en pocas semanas, pasó de las calles al Congreso y terminó llevando al país a unas elecciones anticipadas.

Fallece Maricarmen, la mujer de 87 años que se convirtió en el símbolo de la crisis de vivienda en España

María del Carmen “Maricarmen” Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio puso rostro a la crisis de vivienda en España, ha fallecido este miércoles tras permanecer quince días hospitalizada. Su muerte cierra un ciclo de dolor personal que, sin embargo, desencadenó una ola de movilizaciones sociales y una crisis política que ha culminado en el adelanto de las elecciones generales en el país.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid fue el encargado de comunicar el fallecimiento mediante un comunicado en el que expresaron su pesar y reafirmaron su compromiso con la causa de la vivienda: “Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste”. El colectivo recordó que Maricarmen había sido desalojada el pasado 23 de septiembre, permaneciendo en el hospital desde esa fecha hasta el momento de su muerte.

La historia de Maricarmen comenzó en 1956, año en el que llegó con sus padres a un departamento cercano al parque de El Retiro, en Madrid. En esa vivienda pasó prácticamente toda su vida y, con el paso del tiempo, heredó el contrato de alquiler, el cual mantenía un costo mensual de 500 euros (aproximadamente 568 dólares). Esta estabilidad se quebró en 2018, cuando la empresa inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión adquirió el edificio y comenzó a exigir un alquiler significativamente más alto, llegando a solicitar 2.650 euros (unos 2.970 dólares), una cifra que cuadruplicaba el monto anterior y que resultaba impagable para una persona con una pensión de unos 1.300 euros (1.478 dólares).

La disputa legal se inició en 2020. Aunque inicialmente los tribunales fallaron a favor de Maricarmen, la empresa recurrió la decisión y finalmente la justicia dio la razón a los propietarios. A pesar de los esfuerzos de su abogada, Beatriz Duro, y diversas organizaciones para encontrar una solución —que incluyó la propuesta de que la agencia estatal de vivienda comprara el inmueble o el uso de ofertas privadas para cubrir el alquiler—, la inmobiliaria rechazó todas las alternativas.

El punto de inflexión ocurrió el 23 de septiembre, cuando Maricarmen fue desalojada de su hogar de hace siete décadas mientras se encontraba en una camilla. La crudeza de la escena provocó una indignación inmediata. Decenas de personas habían intentado impedir el desalojo durante la noche y, esa misma tarde, cerca de 10.000 personas se concentraron en Madrid para protestar contra la especulación inmobiliaria y el alza de precios. Las movilizaciones se extendieron rápidamente a ciudades como Barcelona, Valencia y Sevilla, y se estableció una acampada permanente en la Puerta del Sol.

Desde su hospitalización, Maricarmen envió un mensaje en video dirigido especialmente a los jóvenes que protestaban en las calles. En sus palabras, manifestó: “No he conseguido defender mi casa, pero he luchado para que otros aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida. Y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que no vaya a seguir luchando. Por favor, luchad”.

En los últimos días, se logró alcanzar un acuerdo con la empresa propietaria para que Maricarmen regresara a su hogar bajo un nuevo contrato de ocho años, con un alquiler limitado al 30% de sus ingresos netos, aproximadamente 500 euros mensuales. Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas lamentó que esta solución, calificada como un acuerdo histórico, llegara demasiado tarde.

El impacto del caso trascendió lo social para convertirse en un detonante político. La presión de las calles llegó al Congreso, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso decretos para limitar el aumento de las rentas y proteger a inquilinos cuyos contratos no fueran renovados. No obstante, estas medidas fueron rechazadas por el Partido Popular, Vox y Junts. Tras esta derrota parlamentaria, Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre, marcando la tercera vez en ocho años que España acude a las urnas anticipadamente.

Según barómetros del Centro de Investigaciones Sociaciones (CIS), la vivienda, junto con la economía y la migración, serán temas centrales de la campaña electoral. Mientras tanto, las protestas continúan en las inmediaciones del Congreso, donde manifestantes guardaron un minuto de silencio y clamaron: “¡Maricarmen vive, la lucha sigue!”.

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