Este miércoles, el edificio de la Secretaría de Educación, ubicado en el Palacio Pizzurno, fue escenario de una intensa jornada de protesta. Cientos de estudiantes universitarios ingresaron a las instalaciones para llevar a cabo una “sentada” en reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización, que se extendió durante varias horas, culminó pasadas las 20 horas con el desalojo de los manifestantes por parte de efectivos de la Policía Federal.
El conflicto comenzó alrededor de las 17.40, momento en que los estudiantes intentaron ingresar al edificio. Durante el acceso se produjeron empujones con el personal de las fuerzas de seguridad. Aquellos que lograron sobrepasar el cordón policial se instalaron en el piso, exigiendo un encuentro inmediato con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Durante la protesta, los manifestantes utilizaron carteles y aplausos, gritando consignas como “Somos estudiantes. Vamos a hacer una sentada pacífica” y demandando una reunión con las autoridades.
En la concentración participaron estudiantes provenientes de diversas casas de estudio, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de las Artes (UNA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam). Tras permanecer varias horas en el lugar, los estudiantes lograron concretar una reunión con Carlos Torrendell; sin embargo, al finalizar el encuentro, los manifestantes aseguraron que el funcionario no brindó respuestas a ninguno de los reclamos presentados.
La situación escaló cerca de las 19.30, cuando un grupo de efectivos de la Policía Federal ingresó al edificio. Según denunciaron los estudiantes, el objetivo de la fuerza era removerlos del lugar, proceso que, según sus testimonios, se llevó a cabo de manera violenta.
Mientras se desarrollaba el enfrentamiento, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se manifestó a través de la red social X. La funcionaria publicó un video del ingreso de los manifestantes acompañado de la frase “Por la fuerza, nada”. Posteriormente, su cartera informó que se presentará una denuncia judicial por la protesta, calificándola en un comunicado como una “toma violenta” que provocó “daños al patrimonio histórico”. El comunicado precisó que la evacuación fue el resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad Nacional y la Policía Federal.
Pettovello enfatizó que el derecho a manifestarse debe ejercerse dentro del marco de la ley y con respeto a las instituciones democráticas, afirmando que no desea volver a una Argentina donde la ocupación de edificios públicos y la intimidación sean métodos de protesta. En la misma línea, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, insistió en que, si bien se puede reclamar pacíficamente, no se puede violentar un edificio público, señalando que la acción de la Policía Federal tuvo como fin restablecer el orden y liberar el edificio.
Más allá de la Ley de Financiamiento Universitario, los estudiantes plantearon un pliego de demandas que incluye el aumento de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo, la implementación de políticas integrales de salud mental y la asignación de mayores partidas presupuestarias para los comedores y residencias universitarias.
Isabel González Puente, consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, expresó en diálogo con LA NACION que la paciencia se ha agotado tras más de un año de exigencias. “El Congreso ya dijo que la ley se tiene que cumplir, la Justicia estableció que lo que está haciendo el Gobierno es inconstitucional, y no podemos seguir esperando”, señaló, subrayando la necesidad de que Torrendell aclare cómo y cuándo se implementarán los aumentos y la ley.
Este episodio ocurre un día después de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declarara la inconstitucionalidad del decreto 759/2025. Mediante dicho decreto, el Gobierno de Javier Milei había frenado la ejecución de la norma aprobada por el Congreso tras un veto presidencial. El juez Martín Cormick consideró que esta estrategia gubernamental funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” y una instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional. En consecuencia, la sentencia intimó al Gobierno a cumplir la ley de manera inmediata, garantizando los fondos para becas, gastos de funcionamiento y salarios docentes.
El Ejecutivo había argumentado previamente que la ley incumplía la Ley de Administración Financiera, ya que el Congreso no había especificado las partidas concretas de donde saldrían los recursos.
Finalmente, el sector universitario anunció que el próximo 15 de octubre se llevará a cabo la Quinta Marcha Federal Universitaria. En esta ocasión, a diferencia de las movilizaciones anteriores que convergieron en Plaza de Mayo, el destino de la marcha será el Palacio de Tribunales.
