Una exfuncionaria de inteligencia del FBI ha presentado una denuncia formal alegando que la agencia inició investigaciones preliminares dirigidas contra personas que se manifestaban en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de California. Según la denunciante, estas acciones no solo violaban las políticas internas de la agencia, sino que representaban una transgresión directa a las leyes vigentes en los Estados Unidos.
Los hechos, según la información revelada por Jill Fields, quien se desempeñaba como analista de inteligencia supervisora en la oficina regional del FBI en Los Ángeles, comenzaron a principios de 2025. Estas investigaciones coinciden con las primeras semanas de la ofensiva migratoria implementada por el Gobierno de Donald Trump, y habrían sido impulsadas por exigencias directas del presidente y otros altos funcionarios.
La denuncia ha sido revisada por CNN, habiendo sido presentada ante miembros de la Comisión Judicial del Senado a través de los abogados que representan a Fields. El núcleo de la controversia radica en la supuesta instrumentalización del aparato de inteligencia federal para perseguir a ciudadanos basándose en sus actividades de protesta, las cuales están protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución.
Uno de los casos más específicos detallados en la denuncia se remonta a una protesta ocurrida en febrero de 2025 en la localidad de Alhambra, California. En aquel entonces, manifestantes contrarios a ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) utilizaron megáfonos para alertar a los residentes locales sobre la presencia de agentes de control migratorio en la zona. El incidente fue capturado en un video difundido a través de la plataforma TikTok.
De acuerdo con el testimonio de Fields, el presidente Trump, tras ver el video, manifestó su enfado por el incidente y exigió que se investigara y detuviera a los manifestantes que aparecían en las imágenes. Esta orden fue transmitida por el director del FBI, Kash Patel, a los altos mandos de la agencia. Posteriormente, un analista bajo las órdenes de Fields le informó que el equipo había recibido la instrucción de realizar verificaciones preliminares sobre un grupo de entre dos y cuatro manifestantes, bajo la acusación de haber obstaculizado una detención migratoria.
Los abogados de Fields subrayaron en su misiva a los senadores que estas investigaciones se iniciaron a pesar de que la política del FBI prohíbe explícitamente abrir procesos basados únicamente en actividades protegidas por la libertad de expresión, y aun cuando el equipo de inteligencia no disponía de pruebas que sugirieran la comisión de un delito real.
Este escenario ha provocado una reacción en el ámbito legislativo. El senador demócrata Alex Padilla envió una carta dirigida a Kash Patel y al secretario de Justicia, Todd Blanche, solicitando explicaciones detalladas sobre el número de investigaciones en curso contra manifestantes y cuestionando si el presidente Trump había ordenado otras acciones similares.
La denuncia de Fields no se limita a un solo evento. La exanalista reveló un segundo incidente en el que funcionarios de la Casa Blanca exigieron la intervención del FBI. En esa ocasión, el entonces secretario adjunto en funciones, Emil Bove, habría solicitado que se investigara a un grupo de manifestantes que protestaban contra ICE frente a un edificio federal en California. En ambos casos, Fields sostuvo que las protecciones de la Primera Enmienda impedían tales investigaciones, a menos que se hubieran producido acciones violentas o ilegales que fueran más allá de la mera expresión de opiniones.
Fields relató que, al plantear estas preocupaciones legales y éticas a su superior, recibió la instrucción de que las órdenes debían ejecutarse. Como consecuencia de su postura, la exanalista asegura que fue apartada de su equipo y perdió el respaldo de la dirección de la oficina de Los Ángeles, situación que finalmente la condujo a renunciar a su cargo en la agencia.
Por su parte, el Departamento de Justicia respondió a través de un portavoz, quien afirmó que la institución seguirá defendiendo los derechos de la Primera Enmienda y restaurando el Estado de derecho. No obstante, el portavoz enfatizó que el Departamento de Justicia y el FBI tienen la responsabilidad de investigar cualquier violación de la ley federal, señalando que las agresiones contra agentes federales y las conspiraciones para obstaculizar la aplicación de la ley son ilegales. El comunicado concluyó asegurando que la violencia no está protegida por la Constitución y que los ataques por motivos políticos no detendrán el cumplimiento de su labor. Hasta el momento, el FBI y la Casa Blanca no han emitido declaraciones adicionales tras ser contactados por CNN.
