La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia se ha convertido en el escenario de una fuerte controversia política y diplomática tras la destitución del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca. Congresistas oficialistas pertenecientes al Partido Demócrata Cristiano (PDC) han denunciado públicamente que un representante de los Estados Unidos habría intentado influir en la decisión legislativa mediante la entrega de sobornos a diversos parlamentarios durante la sesión.
La senadora Ana María Crispín fue la encargada de formular las acusaciones, señalando que un representante estadounidense, acompañado por otros tres ciudadanos extranjeros —entre ellos uno de nacionalidad argentina—, estuvo presente en la sesión para supervisar que se cumplieran los intereses de Washington respecto al caso de Mariaca. Según la legisladora, la presencia de este grupo tenía como objetivo asegurar el resultado de la votación que finalmente llevó a la salida del Fiscal General.
Durante la sesión, la senadora Crispín interpeló directamente al individuo, quien fue identificado posteriormente como Hermes Grullón. Ante el cuestionamiento, Grullón se presentó como representante de la embajada de Estados Unidos y manifestó que su presencia se debía a que, desde el "Escudo de las Américas", se estaba brindando apoyo en un momento que calificó como muy importante para el país.
El punto más crítico de la denuncia de la senadora Crispín se centra en la presunta entrega de dinero. La legisladora afirmó que Grullón ofreció sobornos a cambio de votos, utilizando para ello un código QR que mostró desde su teléfono móvil a una de las parlamentarias. No obstante, el diplomático rechazó tajantemente estas acusaciones, argumentando que el código QR mostrado no era para una transacción financiera, sino que se trataba simplemente de un método para compartir su contacto de WhatsApp.
En el marco de este convulso escenario, el congreso de Bolivia procedió a la designación de un sucesor. José Armando Urioste fue elegido como fiscal general interino en reemplazo de Mariaca. Esta designación fue posible gracias a que el presidente Rodrigo Paz promulgó recientemente una nueva ley que faculta a la Asamblea Legislativa Plurinacional para realizar dicho nombramiento. El presidente del Senado, Diego Ávila, confirmó la elección de Urioste tras alcanzar la mayoría requerida de más de dos tercios de los votos.
La salida de Roger Mariaca ocurre en un contexto judicial complejo. El ex fiscal fue aprehendido por la policía el pasado 30 de septiembre, luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos restringiera su visa. Esta medida fue justificada por Washington basándose en una presunta participación en actos de corrupción significativa, además de acusaciones sobre la aceptación de sobornos provenientes del narcotráfico y el apoyo a delincuentes violentos para evadir la justicia, aunque se ha señalado que no se presentaron pruebas de dichas acusaciones.
Actualmente, Mariaca enfrenta procesos en la justicia boliviana, donde es investigado por los delitos de lavado de activos, tráfico de drogas y organización criminal. El ex funcionario ha negado rotundamente todos estos cargos. A pesar de sus negativas, deberá cumplir una prisión preventiva de seis meses en un centro penitenciario ubicado en el sur del país mientras avanzan las investigaciones.
A estas causas se suma la postura de la secretaría de Gobierno, la cual sostiene que el ex titular del Ministerio Público habría brindado protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Marset fue capturado en marzo pasado gracias a la colaboración de la DEA y posteriormente fue expulsado hacia los Estados Unidos.
El operativo judicial no terminó con la detención de Mariaca. Durante esta semana, otras 13 personas fueron arrestadas en relación con el caso. Entre los detenidos se encuentran tres fiscales y seis funcionarios de la fiscalía. Asimismo, fueron capturadas cuatro personas más, quienes presuntamente intentaron retirar la suma de 300 mil dólares del domicilio de Roger Mariaca.
