La discusión en torno al proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027 ha comenzado a generar una nueva atmósfera de tensión entre el Gobierno Central y las administraciones regionales. De acuerdo con un análisis técnico desarrollado por la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), los gobiernos regionales del país enfrentarían, de manera conjunta, una reducción de recursos cercana a los 250 mil millones de pesos. Esta situación ha encendido las alarmas de diversas autoridades, quienes advierten que dicha merma podría impactar directamente en programas críticos de inversión, empleo, vivienda, salud y el desarrollo territorial general.
En el contexto local, la Región de Coquimbo no es ajena a este escenario. Max Aguirre, quien se desempeña como presidente de la Comisión de Presupuesto del Consejo Regional (CORE), ha entregado cifras concretas sobre la brecha financiera que enfrentaría la zona. Según el consejero, la diferencia entre el marco presupuestario disponible para el año 2026 y la proyección establecida para 2027 asciende a aproximadamente 8.500 millones de pesos.
Aguirre detalló que, mientras para el ejercicio 2026 se contaba con un marco presupuestario de 97.641 millones de pesos, la proyección para el año 2027 se reduce a 89.211 millones de pesos. Esta variación representa una disminución del 8,6%, lo que, en términos operativos, se traduciría en una menor disponibilidad de fondos para financiar inversiones municipales, iniciativas sectoriales y transferencias destinadas a diversos servicios públicos de la región.
Ante este panorama, el consejero Aguirre depositó sus expectativas en las gestiones que está liderando el gobernador regional, Cristóbal Juliá, ante el Ejecutivo. El objetivo es que las reuniones y coordinaciones tengan resultados favorables antes de la presentación que debe realizar el ministro Quirós ante la comisión mixta del Parlamento, esperando que la discusión legislativa permita mitigar el impacto de esta reducción de recursos.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Fomento del CORE, Ximena Ampuero, manifestó su preocupación señalando que una eventual reducción presupuestaria choca frontalmente con las demandas actuales de las instituciones públicas. Ampuero explicó que el Gobierno Regional se ha convertido en la fuente de financiamiento para organismos que no cuentan con presupuesto interno para ejecutar sus proyectos. Entre las áreas más afectadas se encuentran la agricultura, el apoyo a crianceros, la salud, la infraestructura y el equipamiento, además de proyectos vinculados al Serviu y transferencias para fomentar la empleabilidad.
La consejera Ampuero fue enfática al señalar que una menor disponibilidad de recursos limitaría la capacidad de adquisición de equipamiento básico y esencial, tales como ambulancias, carros de Bomberos, construcción de cuarteles y retenes, además de otros proyectos de infraestructura comunal. Desde su perspectiva, este escenario representa un debilitamiento del proceso de descentralización y una restricción en la capacidad de los gobiernos regionales para gestionar su propio presupuesto.
En sintonía con estas preocupaciones, el consejero Lombardo Toledo informó que las distintas comisiones del CORE han estado trabajando en el levantamiento de las necesidades de los servicios públicos y los 15 municipios de la región para evaluar cómo enfrentar este escenario. Toledo destacó la existencia de obras de arrastre que aún deben ser licitadas y las altas expectativas de las municipalidades por avanzar en proyectos que requieren una coordinación estrecha con organismos sectoriales. Asimismo, subrayó los desafíos financieros que implica la futura área metropolitana de la conurbación La Serena-Coquimbo, la cual demandará inversiones conjuntas con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Ministerio de Salud.
Desde otra perspectiva, la consejera regional Valeria Chacana añadió que el debate presupuestario adquiere una urgencia mayor debido a que la región aún atraviesa procesos de emergencia y reconstrucción. Chacana sostuvo que la discusión no debe quedar reducida a un análisis de cifras, ya que la falta de recursos afectaría directamente la vivienda, la seguridad, la cultura y la generación de empleo en territorios que no pueden esperar por la recuperación. En consecuencia, solicitó que el Congreso analice el proyecto considerando las particularidades de cada territorio para brindar certeza en la planificación de las inversiones.
No obstante, dentro del propio Consejo Regional existen voces críticas respecto a la administración de los fondos. Francisco Corral, presidente de la Comisión de Aguas y Recursos Hídricos, si bien reconoció que una rebaja presupuestaria afectaría áreas vitales como el riego, la conectividad y la vivienda, sugirió que no se puede atribuir el problema exclusivamente al Gobierno Central.
Corral instó a revisar la capacidad de planificación y ejecución del Gobierno Regional, recordando que una parte importante de los recursos depende de convenios y procesos administrativos. El consejero puso sobre la mesa un dato crítico: la ejecución presupuestaria de Coquimbo se situaba cercana al 37% al mes de agosto. Según Corral, este porcentaje obliga a examinar las decisiones y la gestión local. Finalmente, solicitó que se transparenten los proyectos concretos que se verían afectados por el recorte, detallando los montos requeridos para 2027 y el estado de avance de cada iniciativa.
