En una operación de gran envergadura desplegada el pasado domingo 4 de octubre, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo el desalojo definitivo del asentamiento de inmigrantes ubicado en la playa de El Trampolín, en Ceuta. Este operativo marca el cierre de un proceso complejo de gestión migratoria que se había prolongado durante más de dos meses, convirtiendo a este arenal en el último gran núcleo de acampada costera en la ciudad autónoma.
El despliegue operativo para este desalojo final fue masivo y coordinado. Más de 350 agentes de la Policía Nacional lideraron la intervención, contando con el respaldo de unidades antidisturbios, el uso de vehículos blindados y el apoyo tecnológico de drones. Asimismo, la operación contó con la colaboración de medios del Ejército para garantizar la eficacia del procedimiento. La actuación policial se organizó mediante una división por sectores, procediendo al traslado de los inmigrantes en autobuses hacia el entorno del Tarajal.
Una vez en el Tarajal, las autoridades ofrecieron a las personas desalojadas distintas alternativas dependiendo de su situación administrativa. Los inmigrantes pudieron optar por ser identificados para su posterior traslado a recursos de acogida habilitados o, en su defecto, solicitar el regreso voluntario a Marruecos. Durante la primera jornada de intervención, se reportó el traslado de unas 700 personas, aunque el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, elevó posteriormente la cifra a más de 1.100 inmigrantes trasladados. El ministro también cifró en aproximadamente 900 el número de personas que optaron por regresar voluntariamente al país vecino. El objetivo final del Gobierno es completar el desmontaje total del asentamiento en los próximos días.
Para comprender el contexto de esta intervención, es necesario analizar la cronología de los hechos que comenzaron el 20 de agosto, tres semanas después de que unas 80.000 personas procedentes de Marruecos entraran masivamente en Ceuta. En aquella fecha, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron el primer intento de desalojo en la playa de El Trampolín, un asentamiento que crecía rápidamente. En aquella primera incursión, el Gobierno informó que fueron trasladadas unas 1.500 personas hacia los espacios de Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar. Sin embargo, existía una discrepancia en las cifras, ya que las estimaciones policiales situaban en 4.000 el número real de personas presentes en el arenal. A pesar del esfuerzo, el operativo fue insuficiente, y cientos de inmigrantes regresaron a la playa esa misma tarde.
La falta de capacidad en los recursos de acogida fue una constante durante la crisis. Inicialmente, el Gobierno habilitó 1.800 plazas entre Loma Margarita y Loma Colmenar, pero el volumen de personas superaba ampliamente esta cifra. De hecho, unas 1.200 personas fueron derivadas al primer emplazamiento y entre 200 y 500 al segundo, dejando a una gran parte de la población asentada sin alternativa habitacional.
Esta carencia de recursos quedó nuevamente evidenciada el 16 de septiembre. En esa fecha estaba programado un operativo para trasladar a 1.500 personas: los hombres serían dirigidos al recurso del Muelle de Poniente y las mujeres a la Hípica. No obstante, el Ministerio de Migraciones canceló la operación el mismo día, argumentando que los espacios de acogida aún no estaban totalmente preparados.
Posteriormente, el 18 de septiembre se llevó a cabo uno de los movimientos de población más significativos de la crisis, trasladando a más de 1.700 inmigrantes desde las playas de El Trampolín y Benítez, así como de otras zonas cercanas, hacia nuevas parcelas situadas en el puerto. Aunque el Gobierno calificó la operación como un éxito debido a la ausencia de heridos de gravedad, la medida no eliminó los asentamientos, ya que continuaron quedando personas en las playas y diversos puntos de la ciudad mientras el Trampolín seguía creciendo día tras día.
La limpieza de los asentamientos costeros avanzó finalmente el 29 de septiembre, cuando la Policía desalojó a los últimos 300 o 400 inmigrantes de la playa de Benítez, trasladándolos a Loma Colmenar o facilitando su retorno voluntario a Marruecos. Con este movimiento, la playa de El Trampolín quedó como el único foco crítico restante en la costa.
El cierre de este ciclo ocurre en un momento de alta tensión política. Tras dos meses en los que el Gobierno justificó la demora en el desalojo por la falta de plazas disponibles, la orden definitiva llegó justo un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantara la convocatoria de elecciones generales para el próximo mes. Esta coincidencia temporal ha llevado a señalar que la medida responde a una maniobra electoral más que a una solución planificada para aliviar la presión social y logística de la ciudad de Ceuta.
